Los llamados a una prohibición federal de la venta de armas de asalto en Estados Unidos han vuelto a cobrar protagonismo tras la masacre en Lewiston, Maine, donde el miércoles murieron al menos 18 personas a manos de un tirador todavía a la fuga.
Mientras activistas, legisladores y el propio presidente Joe Biden aseguran que una moratoria a este tipo de equipos de alta capacidad ayudaría a detener el creciente número de víctimas en tiroteos masivos en el país, otros analistas insisten en que este tipo de afirmaciones no son completamente concluyentes, si bienreconocen que la salida del mercado de este rifles de asalto podría ayudar a disminuir el flagelo.
La de Lewiston no es la última tragedia de este tipo en el país, que registra el oscuro récord de 566 tiroteos masivos en lo que va de año. Un día después, el jueves, cinco personas murieron en su hogar en Clinton, Carolina del Norte, a consecuencia de disparos, según la organización Gun Violence Archive.
Como ya ha hecho ante incidentes violentos similares, el presidente Joe Biden redobló este jueves sus llamados al Congreso para aprobar una prohibición federal a la compra de armas de asalto y cargadores de gran capacidad.
“Eso es lo mínimo que le debemos a cada estadounidense que ahora llevará las cicatrices –físicas y mentales– de este último ataque”, aseguró Biden en una declaratoria tras el tiroteo. El mandatario ya había insistido en este tipo de prohibición tras la muerte de tres niños y tres profesores en una escuela en Nashville, Tennessee, en marzo pasado, calificando a los tiroteos masivos como una "epidemia de violencia".
En Estados Unidos están en vigor leyes en algunos estados para regular la venta de armas. En junio de 2022, Biden firmó una de las legislaciones más amplias aprobadas por el Congreso en los últimos 30 años en este ámbito.
Entre sus disposiciones, la ley incluye incentivos para que los estados aprobaran las llamadas legislaciones de "bandera roja" -o red flags, en inglés- que prohíben el acceso a personas con historial de enfermedad mental y lo amplían también a los que tienen récord de abusos domésticos, también a sus parejas sin vínculo ante la ley. También amplió el cheque de antecedentes de las personas entre 18 a 21 años que quieran comprar armas.
Sin embargo, Biden ha reconocido que esto no es suficiente y en sus apremiante peticiones al Congreso, a menudo menciona la prohibición sobre la venta de armas de asalto que ayudó a poner en vigor cuando era senador en 1994. Los rifles de asalto, en específico el AR-15, están entre los más utilizados por los responsables de tiroteos masivos.
“¡Prohíban las armas de asalto ahora! Prohíbanlas ahora. De una vez por todas", pidió Biden frente al Congreso en febrero pasado durante su discurso sobre el Estado de la Nación. "Lo hicimos antes. Yo lideré la lucha para prohibirlos en 1994", agregó.
Una ley pionera muy difícil de repetir
La legislación a la que Biden se refiere es la Ley de Control de Delitos Violentos y Aplicación de la Ley, que incluyó la Prohibición Federal de Armas de Asalto (AWB). Su trabajo como presidente del Comité Judicial del Senado estadounidense en gran medida impulsó la aprobación y luego firma de la ley por el entonces presidente Bill Clinton.
"La última vez que una mayoría en ambas cámaras del Congreso y el presidente apoyaron una prohibición de las armas de asalto fue en 1994, cuando el senador Joe Biden era presidente del Comité Judicial del Senado", recordó en declaraciones a la Voz de América el profesor del Instituto de Asuntos Gubernamentales de la Universidad de Georgetown, Mark Harkins
La histórica legislación, que se mantuvo en vigor por una década y expiró en 2004 ante la inacción del Congreso por renovarla, prohibía la venta de determinadas armas de fuego semiautomáticas y cargadores de gran capacidad para 10 cartuchos o más. A pesar de sus lagunas y sus continuos desafíos en los tribunales, se mantuvo en vigencia.
Estas armas semiautomáticas superan hasta en cuatro veces la velocidad de disparo de una pistola y pueden ser cargar y disparar más rondas que un arma manual, por lo que cuando se combinan con cargadores de gran capacidad, el tirador no tiene que detenerse a recargar a menudo y puede alcanzar a más blancos, más rápidamente.
Según el grupo Everytown for Gun Safety, desde el 2015 al 2022, "los tiroteos masivos en los que murieron cuatro o más personas y en los que se utilizó un arma de asalto, resultaron en casi seis veces más personas baleadas, más del doble de personas muertas y 23 veces más personas heridas en promedio, en comparación con aquellos que no implicó el uso de un arma de este tipo".
A pesar de su probado uso en la mayoría de los tiroteos masivos, la aprobación de una ley para prohibir la armas semiautomáticas en EEUU sería muy difícil en el actual ambiente político, extremadamente polarizado.
A veinte años de la expiración de la AWB, el país muestra tendencias divididas según sus orientaciones políticas. De acuerdo con una encuesta publicada en septiembre pasado por el Centro Pew, el 85 % de los demócratas está a favor de prohibir tanto las armas de asalto como los cargadores de munición de alta capacidad. En el otro lado de la bancada, el 57 % y 54 % de los republicanos se oponen a estas dos propuestas.
El debate sobre la posesión de armas se remonta hasta la Segunda Enmienda de la Constitución, que protege el derecho a poseer y portar armas en un momento histórico en el que tenía sentido asentar este como ley. Los activistas pro-armas se escudan en esta disposición, mientras que sus detractores insisten en que los tiempos -y las armas- han cambiado.
Hasta este momento, solo diez de los cincuenta estados de EEUU y el Distrito de Columbia, donde se encuentra la capital Washington, han adoptado prohibiciones a las armas de asalto, refiere Everytown.
Legisladores demócratas han presentado proyectos de ley que siguen los pasos de la AWB e incluso cierran las lagunas legales, pero han encontrado resistencia en el Congreso. En un Capitolio dividido, con el Senado de mayoría demócrata y la Cámara dominada por republicanos y una derecha cada día más extrema, una legislación como esta tiene muy pocas posibilidades de pasar al despacho de Biden.
La reciente elección como presidente de la Cámara de Representantes del republicano de línea dura, Mike Johnson, complica aún más estos esfuerzos, indicó Harkins, el profesor de la Universidad de Georgetown
"El año pasado se aprobaron algunas medidas modestas de control de armas, pero no veo ningún escenario en el que el presidente Johnson permita una votación sobre nuevas medidas de control de armas en este Congreso", precisó Harkins, con años de experiencia como asesor en el Capitolio.
¿Una moratoria sería la solución?
La relevancia de la Prohibición Federal de Armas de Asalto en la disminución de la violencia en EEUU tiene sus "limitaciones", de acuerdo con estudios, que citan el poco tiempo en vigor de la ley y la no inclusión de otro tipo de armas, utilizadas en crímenes.
La AWB se aplicaba a la venta de nuevas semiautomáticas, no a las ya existentes y en manos de personas con permisos para portarlas.
Un estudio sobre el tema, elaborado por el Departamento de Justicia en 2013 encontró que los reportes sobre la efectividad de la moratoria en reducir los crímenes violentos eran "mixtos" .
El Departamento de Justicia aseguró entonces que eran “prematuro hacer evaluaciones definitivas" debido a que la circulación de millones de armas no afectadas por la prohibición garantizaban que los "efectos de la ley ocurrirían sólo gradualmente” y estaban “todavía en desarrollo” cuando la prohibición expiró en 2004.
De acuerdo con el sitio FactCheck.org, poco ha cambiado en las estadísticas y los estudios académicos sobre el tema desde entonces. Una investigación de la Rand Corporation, actualizada en enero de este año, arrojó que existen “evidencias no concluyentes sobre el efecto de las prohibiciones de armas de asalto en los tiroteos masivos”.
"No creemos que haya grandes estudios disponibles todavía para establecer la efectividad de las prohibiciones de armas de asalto", precisó a FactCheck.org uno de los líderes del estudio, Andrew Morral, quien sin embargo matizó que " eso no quiere decir que no sean efectivos. La investigación que revisamos no proporciona evidencia convincente en un sentido u otro”.
Por otro lado, activistas y legisladores a favor del regreso de la moratoria, se apoyan en que el hecho de que la mayoría de los tiroteos masivos se lleven a cabo con semiautomáticas influye en la capacidad de una ley de este tipo en la disminución de este tipo de tragedias.
Otro estudio de 2019, publicado en el sitio oficial del National Library of Medicine de EEUU demostró que "las muertes por tiroteos masivos tenían un 70 % menos de probabilidades de ocurrir mientras la prohibición federal de armas de asalto estaba vigente", según revisiones de datos obtenidos desde 1981 a 2017.
La investigación concluyó que "los homicidios relacionados con tiroteos masivos en EEUU se redujeron durante los años de la prohibición federal de armas de asalto de 1994 a 2004".
"Todo lo que sabemos sobre los tiroteos masivos sugiere que las armas de asalto, especialmente cuando están equipadas con cargadores de alta capacidad, las hacen más letales", explicó a VOX.com uno de los líderes del grupo de activismo Everytown, Nick Suplina.
Suplina insistió en que "si algo está legal y comúnmente disponible, sólo se aumenta la probabilidad de que sea mal utilizado o caiga en manos de alguien a quien se le prohíbe poseerlo".
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