Después maratónicos juicios que duraron una semana, la justicia nicaragüense emitió veredictos de culpabilidad contra tres excandidatos presidenciales y cinco opositores, informó el Centro de Derechos Humanos (Cenidh).
El Cenidh dijo también que estas personas fueron declaradas “culpables por delitos que no han cometido”.
Entre los opositores declarados culpables del supuesto delito de “menoscabo de la integridad nacional” se encuentran los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, el politólogo Félix Maradiaga y el exembajador de Nicaragua en Washington Arturo Cruz.
Los tres fueron arrestados meses en Managua antes de las elecciones de noviembre pasado donde Daniel Ortega se impuso como ganador para un mandato nuevo de cinco años prácticamente sin oposición.
También fueron declarados culpables José Adán Aguerri, quien fue presidente del sector privado de Nicaragua, las activistas Violeta Granera y Tamara Dávila y el exdiputado opositor José Pallais.
De los ocho convictos, solo el analista político Manuel Orozco fue juzgado en su ausencia por encontrarse en Estados Unidos.
La Fiscalía, que presentó como pruebas de los supuestos delitos reuniones con personalidades, como una sostenida por los opositores con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió entre 13 y 8 años de prisión para los imputados. Las sentencias serán dictadas en los próximos días.
Procesos irregulares
Los juicios y detenciones contra más de 40 importantes figuras de la oposición en Nicaragua han sido criticados por decenas de países, incluido Estados Unidos, que ha dicho que los procesos “son una burla a la justicia y al debido proceso”.
“A puerta cerrada y con innumerables irregularidades procesales, estos juicios son una burla a la justicia y al debido proceso”, señaló un portavoz del Departamento de Estado a la Voz de América. “Estos juicios parecen tener la intención de aterrorizar y desalentar a otros nicaragüenses de ejercer sus derechos”, agregó.
Victoria Cárdenas, esposa del precandidato Chamorro, aseguró que el Poder Judicial busca legalizar las detenciones “arbitrarias apoyadas en acusaciones falsas del Ministerio Público”.
Los procesos judiciales se han celebrado en las instalaciones de la cárcel conocida como el Chipote, en Managua, que es donde permanecen arrestados gran parte de los opositores desde hace más de un año, bajo denuncias de graves violaciones a los derechos humanos por las condiciones del lugar.
Recientemente, el gobierno de Ortega cambió la medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario a dos reos políticos de la tercera edad, entre ellos José Pallais, quien fue uno de los convictos el miércoles y cuya salud se había deteriorado por el encierro en el Chipote.
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