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ONU enviará expertos a elecciones presidenciales en Venezuela, informe será confidencial 


ARCHIVO - El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, habla con los miembros del Consejo de Seguridad, en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York, EEUU, el 18 de abril de 2024.
ARCHIVO - El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, habla con los miembros del Consejo de Seguridad, en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York, EEUU, el 18 de abril de 2024.

Naciones Unidas desplegará un Panel de Expertos para los comicios presidenciales del 28 de julio, tras evaluar la invitación del organismo electoral de Venezuela. La misión no emitirá ninguna declaración pública.

La Secretaría de la Organización de Naciones Unidas (ONU) confirmó este martes que desplegará un Panel de Expertos electorales para las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, pero el informe final será de carácter confidencial.

“Un equipo de cuatro expertos se desplegará al país a principios de julio para proporcionar al secretario general un informe independiente e interno sobre el desarrollo general de las elecciones", dijo un comunicado de la oficina de Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Agregó que "e informe del panel al secretario será de carácter confidencial e incluirá recomendaciones sobre mejoras que se podrían realizar en futuros procesos electorales en Venezuela”.

En marzo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela anunció que envió invitaciones a misiones de observación internacional para las elecciones presidenciales de julio, incluyendo al Panel de Expertos de la ONU.

Un panel de expertos es uno de los “diversos” tipos de asistencia electoral que puede brindar la ONU a solicitud de los Estados miembros.

“A diferencia de las misiones de observación electoral de la ONU, que requieren un mandato específico del Consejo de Seguridad o la Asamblea General, y son muy poco comunes, los Paneles de Expertos Electorales no emiten declaraciones públicas que evalúan la conducción general de un proceso electoral o sus resultados”, aclara el comunicado de Dujarric.

“Sin un mandato legislativo, la ONU no puede observar o evaluar públicamente los procesos electorales de un Estado miembro, y por lo tanto, el Panel de Expertos no emitirá ninguna declaración pública”, continúa el texto.

La semana pasada, el Centro Carter informó que desplegará una misión electoral que tendrá “alcance limitado” y no realizará una evaluación integral de los procesos de votación, conteo y tabulación.

El mes pasado, el organismo electoral venezolano revocó y dejó sin efecto la invitación a la Misión de Observación Electoral (MOE UE) de la Unión Europea, luego de que, en el marco de esfuerzos para lograr elecciones competitivas, la UE extendió “por un período más corto” las sanciones contra Venezuela y levantó temporalmente algunas que pesaban contra algunos funcionarios, entre ellos el presidente del CNE, Elvis Amoroso.

El organismo electoral ratificó, sin embargo, la convocatoria a una “veeduría amplia” a la Comunidad de Estados y Caribeños (CELAC), Comunidad del Caribe (Caricom), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniorec), el Panel de Expertos de las Naciones Unidas, la Unión Africana, el Centro Carter, el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, entre otros.

El gobierno de Brasil, considerado aliado del presidente Nicolás Maduro, ha ratificado la importancia de que las elecciones presidenciales en Venezuela cuenten con una “amplia presencia de observadores internacionales”, conforme a los acuerdos sobre garantías electorales firmados en Barbados.

En 2021, una MOE UE visitó Venezuela para observar las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre, en las que parte de la oposición se negó a participar por considerarlas una “farsa”. Maduro arremetió contra los integrantes de la misión y los calificó de “enemigos” y “espías”.

En su informe final, la MOE, entre otras cosas, observó “deficiencias estructurales” como la “falta de seguridad jurídica”, así como la falta de independencia judicial e irrespeto al Estado de derecho que “comprometen la igualdad de condiciones y la imparcialidad y transparencia de las elecciones”.

Además, formuló varias recomendaciones, entre ellas el reforzamiento de la separación de poderes y “suprimir la prerrogativa” de la Contraloría General de la República (CGR) de despojar a ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones.

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