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Organismos de derechos humanos condenan cierre de universidad en Nicaragua


Fachada de la Universidad Hispanoamericana (UHISPAM), ilegalizada por la Asamblea Nacional de Nicaragua este martes 14 de diciembre. [Foto: Donaldo Hernández, VOA]

Casi 4.000 estudiantes quedaron en el limbo tras el cierre inesperado de la Universidad Hispanoamericana ordenado por el Gobierno de Daniel Ortega.

El pasado 5 de octubre la Universidad Hispanoamericana (UHISPAM) celebró su 24 aniversario de fundación sin imaginar que sería el último, pues este martes la Asamblea Nacional de Nicaragua controlado por el oficialismo y sus aliados, ilegalizó la Fundación Hispanoamericana, la figura legal bajo la cual operaba la UHISPAM.

Según el Ministerio de Gobernación, la Fundación Hispanoamericana y otras nueve organizaciones no gubernamentales no habían reportado sus estados financieros y tampoco habían presentado informes sobre el financiamiento de sus proyectos como ordena el marco jurídico nicaragüense, y en consecuencia el Poder Legislativo debía cancelar sus personerías jurídicas.

Con el cierre de la Universidad Hispanoamericana, 3.980 estudiantes quedaron en el limbo. El sitio web de esa casa de estudios indica que los universitarios estaban distribuidos en 15 carreras de licenciaturas e ingenierías; 10 posgrados y maestrías; 5 cursos y diplomados, y 5 carreras técnicas.

Vilma Núñez, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENID). [Foto: Donaldo Hernández, VOA]
Vilma Núñez, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENID). [Foto: Donaldo Hernández, VOA]

“Este es el comportamiento perverso de un dictador, este hombre ya está como fuera de serie. Lo más perverso es la agresión que hacen con el cierre de la universidad UHISPAM, a casi 4.000 estudiantes, ¿para dónde van esos estudiantes?” se pregunta Vilma Núñez, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENID), durante una entrevista a la Voz de América.

Persiste persecución contra la sociedad civil

Núñez es conocida en Nicaragua porque de sus 83 años, lleva más de 60 años dedicados a la defensa de los derechos humanos. Incluso, durante la dictadura militar de Anastasio Somoza, luchó por la libertad de varios cuadros históricos del ahora oficialista Frente Sandinista (FSLN) que lidera al mandatario Daniel Ortega.

La defensora de derechos humanos cree que las acciones del líder de izquierda contra las organizaciones no gubernamentales son una clara “persecución en contra de la gente que hace uso de su derecho a organizarse, fundar asociaciones, agremiarse alrededor de lo que considere oportuno para el desarrollo de sus actividades, incluso asociaciones de carácter religioso”.

Una exalumna de la Universidad Hispanoamericana, que pidió a la Voz de América el anonimato por motivos de seguridad, expresó su rechazo al cierre de la casa de estudios, por considerar que, gracias al programa de becas de la UHISPAM, logró graduarse como licenciada en periodismo y hacer una carrera en el país centroamericano.

“Me sorprendió el cierre de la UHISPAM porque la mayoría de alumnos y alumnas generalmente son de escasos recursos económicos. Recordá que además de mí, hay otros periodistas como Jennifer Ortiz, Arnulfo Peralta, Jackson Orozco, Jimmy Romero, Leticia Gaitán, entre otros más que, vienen de orígenes humildes y han logrado destacarse en el periodismo”, dijo a la VOA la comunicadora.

Un experto en educación, quien también pidió a la VOA el anonimato explicó que, tras el cierre de la Universidad Hispanoamericana, el Estado de Nicaragua debe garantizar a los estudiantes afectados la continuidad de sus carreras, como lo establece el marco jurídico nicaragüense en estas circunstancias.

“Los estudiantes deberían de estar respaldados por el Consejo Nacional de Universidades (CNNU) y por lo que mandata la ‘Ley 582, Ley General de Educación’ en el Consejo Nacional de Educación. Es como cuando quiebra un banco, los cuentahabientes no tienen la responsabilidad porque para eso existe una entidad que regula el funcionamiento de los bancos, entonces así deben sentirse los estudiantes”, dijo el experto.

61 oenegés ilegalizadas en Nicaragua

Desde que estalló el conflicto sociopolítico en Nicaragua a mediados de abril del año 2018 -a raíz de unas fallidas reformas al sistema de pensiones-, el Gobierno de Daniel Ortega ha ilegalizado a 61 oenegés, entre ellas tres estadounidenses y tres europeas, según el registro que lleva el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.

Vilma Núñez, quien el pasado 24 de noviembre ganó el ‘Premio Derechos Humanos’ que otorga anualmente la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), advierte que con el cierre de las organizaciones sin fines de lucro, miles de nicaragüenses resultan afectados porque dejan de formar parte de los programas sociales de estos organismos.

“Daniel Ortega no ha agredido a las personas que dirigían estas organizaciones, ha agredido a la población entera que se beneficiaba con estos proyectos. Con el cierre de las organizaciones de derechos humanos como el CENID, lo que hizo fue limitar a la gente donde recurrir y recibir protección ante la falta de instituciones gubernamentales que defiendan los derechos humanos”, resaltó Núñez.

Aplican a oenegés la Ley de Agentes Extranjeros

Las oenegés ilegalizadas durante el año 2021 han sido bajo la “Ley de Agentes Extranjeros”, aprobada a finales del año 2020. Algunos opositores como Moisés Hassan, quien formó parte de la ‘Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional’, tras la caída de la ‘dictadura somocista’, aseguró a la VOA que el deterioro a la sociedad civil ha sido “socavado” desde el año 2017, fecha en que llegó al poder el oficialista FSLN.

Asamblea Nacional, controlada por el partido oficialista, aprobó la ilegalización de 61 oenegés. [Foto: Donaldo Hernández, VOA]
Asamblea Nacional, controlada por el partido oficialista, aprobó la ilegalización de 61 oenegés. [Foto: Donaldo Hernández, VOA]

“Daniel Ortega es un personaje que desde hace muchos años le ha hecho daño al pueblo nicaragüense, pero particularmente ha sido más visible desde 2018. Es él quien realmente ha sido un vende patria”, dijo Hassan, quien argumentó que su excompañero de guerrilla obedece a los intereses de “Rusia y China”.

Pese a las adversidades que enfrenta la sociedad civil, Hassan desde su exiliado en Costa Rica y Vilma Núñez desde Nicaragua, afirman que seguirán denunciando ante la comunidad internacional la difícil situación de sus compatriotas.

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