Al menos 50 organizaciones de la sociedad civil venezolana solicitaron este lunes al secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, una “diplomacia más efectiva” y la reorientación del trabajo hacia Venezuela.
Las organizaciones advirtieron que la actuación de la ONU en Venezuela debe estar orientada a “velar por el máximo estándar de goce de derechos para todas las personas” y recordaron que, a pesar de haberse dirigido a la secretaría para expresar preocupaciones específicas sobre la actuación del organismo hacia la crisis venezolana, “la respuesta fue tardía”.
“Sus esfuerzos por asistir y proteger deben abocarse primero a la población, y deben alentar la búsqueda de justicia para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Para realizar estas aspiraciones, es necesaria una diplomacia efectiva y coordinada desde la organización”, destaca una carta enviada el lunes a Guterres, a propósito del 75 aniversario de la Declaración Universal de los DDHH.
Para los representantes de las organizaciones defensoras de derechos fundamentales que suscriben la misiva, el Estado venezolano “está en mora” con el sistema de Naciones Unidas y con el cumplimiento de sus organizaciones internacionales. En ese sentido, cuestionan que en foros intergubernamentales se “instale” la narrativa de que el Estado avanza en diversos ámbitos, entre ellos en una “mejora” de la situación humanitaria.
“La política de ‘ambigüedad constructiva’ que se ha aplicado en el trabajo de ONU en Venezuela, basada en la necesidad preponderante de mantener relaciones amistosas con distintos entes gubernamentales, ha comprometido la credibilidad de la información publicada, la independencia con la que la organización puede pronunciarse ante ciertas situaciones, e incluso el cumplimiento de mandato de algunos mecanismos”, continúa el texto.
A juicio de las oenegés, la participación del Estado en instancias multilaterales, y la presencia de agencias de Naciones Unidas en el terreno, deberían aumentar el escrutinio en materia de estándares internacionales de DDHH y el cumplimiento “de buena fe” de las obligaciones.
Las organizaciones plantearon a Guterres las siguientes cinco propuestas:
- Procurar que la actuación de las distintas agencias y mecanismos sea complementaria, coherente y coordinada.
- Priorizar la atención humanitaria de la población en el terreno, y atender a la población migrante y refugiada venezolana
- Monitorear la situación de libertades democráticas y derechos humanos en el contexto electoral y pronunciarse oportunamente
- Velar por la protección del espacio cívico y denunciar las amenazas a personas defensoras, periodistas, disidencia política, liderazgos indígenas, gremiales, sindicales, estudiantiles, entre otros.
- Incorporar la importancia de la búsqueda de justicia en los pronunciamientos sobre la crisis venezolana.
Las diversas organizaciones que suscriben la carta recordaron a Guterres que los próximos dos años se perfilan como una oportunidad para la transformación pacífica del conflicto en el país, a propósito de la celebración de elecciones presidenciales en 2024 y la renovación de todos los cargos de elección popular en 2025.
Desde al menos el 2015, Venezuela vive una emergencia humanitaria compleja que ha causado “masivas, múltiples y severas” privaciones de diversos derechos que se evidencian en pobreza, hambre y colapso de servicios básicos, expone HumVenezuela, una plataforma integrada por 90 organizaciones de la sociedad civil que miden los impactos de la crisis.
El gobierno venezolano ha atribuido la crisis en el país a las sanciones de la comunidad internacional, pero, aunque admiten que en algunos casos han tenido “efectos nocivos”, los especialistas coinciden en que la situación comenzó antes de la implementación de sanciones y es consecuencia de la “corrupción y el desmantelamiento de la institucionalidad democrática”.
La Sala de Cuestiones Preliminares autorizó en junio a la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) reanudar la investigación a Venezuela por crímenes de lesa humanidad, argumentando que el Estado venezolano “no está investigando o no ha investigado hechos delictivos” que puedan constituir este tipo de delitos.
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