La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado al cese de la violencia en Perú, tras visitar el país y las zonas del sur que han protagonizado las jornadas de protestas más violentas. Encomendó que se investiguen las muertes en la convulsión social antes de culminar el viernes una visita al país para evaluar la situación de crisis política.
Perú lleva desde diciembre enfrascada en protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte desde que asumió el cargo, tras ser destituido su antecesor, Pedro Castillo, por intentar disolver el Congreso para evitar su remoción.
La CIDH instó a las autoridades peruanas y a los sectores en protesta a buscar un “diálogo amplio, genuino, inclusivo” para encontrar de manera efectiva una solución a la crisis.
Tras recorrer Arequipa y Juliaca, en las zonas de protestas más calientes, encomendó al Estado investigar las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de policías y militares, en unas jornadas de manifestaciones que han dejado ya casi medio centenar de muertos. También para esclarecer si hay sectores violentistas que deslegitiman las manifestaciones.
“La comisión recuerda que el Estado tiene el deber de realizar investigaciones serias, imparciales y efectivas en un tiempo razonable por parte de las fiscalías especializadas y la fiscalía especializada en derechos humanos así como juzgar y sancionar a las personas responsables”, dijo Stuardo Ralón, vicepresidente de la CIDH en conferencia de prensa.
Anunció que en 30 días, la CIDH emitirá su informe sobre lo sucedido en el Perú. La misión ha estado entre diciembre y enero en Lima, Ica, Arequipa, Juliaca (región Puno), Ayacucho y Cusco.
La Comisión Interamericana estuvo también en Perú en noviembre, a petición de Pedro Castillo, cuando aún era presidente para atender la crisis de inestabilidad política del gobierno del exmandatario que luego fue destituido en diciembre.
Mencionó que la mayoría de muertes han ocurrido en regiones del sur del país, de mayoritaria población indígena y campesina que padecen problemas sociales estructurales, como la exclusión y el racismo.
Destacó los casos de Ayacucho y Puno, las dos regiones sureñas donde los conflictos han sido más letales.
“Según la información recibida, se denuncia que agentes del Estado hicieron uso excesivo de la fuerza al momento de repeler un intento de toma del aeropuerto”, mencionó sobre Ayacucho.
Añadió que, en la ciudad de Juliaca, Puno, “según las necropsias, dichas personas fallecieron por heridas de arma de fuego”.
“Considerando la naturaleza de los hechos, debe tener un enfoque étnico racial y eventuales responsabilidades por cadena de mando o bien establecer quiénes fueron las personas que activaron las armas de fuego”, dijo.
“Se debe hacer un esfuerzo para conocer si existen grupos violentistas que, apartados del derecho de protesta, puedan desnaturalizarlo o bien utilizar la manifestación con otros fines alejados a la misma”, añadió.
Poco después, Boluarte juramentó tres nuevos ministros, entre ellos, el de Interior. El general retirado Vicente Romero, que ya estuvo en ese cargo en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, asumió esta cartera tras las críticas al accionar policial en las protestas.
Además de él, designó como ministro de Trabajo al abogado Luis Adrianzen, luego de que en la víspera renunciara Eduardo García en rechazo al manejo oficial ante las manifestaciones.
También cambió a la ministra de la Mujer al nombrar a Nancy Tolentino, tras la dimisión de su antecesora, Grecia Rojas, por también disentir con decisiones de Boluarte sobre la crisis.
La Defensoría del Pueblo reportó el viernes a las 4.30 de la tarde que hubo movilizaciones, paralizaciones y bloqueos de vías en 44 provincias, la mayoría de regiones del sur del país.
Además, registró 83 puntos de bloqueo en vías nacionales y una incursión violenta y quema de bomba de agua de la empresa Antapaccay, en la región sureña de Apurímac.
El exembajador de Estados Unidos en el Perú y subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, manifestó su pesar por la situación política y social del país.
“Estamos profundamente preocupados por la violencia en el Perú y entristecidos por los heridos y los que perdieron sus vidas. Todos los peruanos merecen vivir en paz y democracia. Esperamos los compromisos declarados por el gobierno para solucionar los desafíos del país”, declaró el alto funcionario estadounidense en su cuenta de Twitter.
Las protestas -que exigen un adelanto de elecciones generales, la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso- tomaron un nuevo impulso esta semana, tras retomarse el miércoles pasado, después de una tregua parcial por las fiestas de fin de año. Con la destitución de Castillo, la inestabilidad política en Perú se ha cobrado ya cinco presidentes en seis años.
Entre los manifestantes que exigen la renuncia de la mandataria, el cierre del Congreso y nuevas elecciones, hay quienes también reclaman que se le libere a Castillo, el antecesor de Boluarte que fue depuesto y permanece en prisión preventiva por ocho meses mientras es investigado por presunta rebelión.
Boluarte asumió el gobierno luego de que Castillo, que era presidente desde el 2021, fuera destituido por el Congreso tras intentar disolver este poder del Estado con un mensaje televisivo el 7 de diciembre. La actual mandataria era vicepresidenta y fue elegida en la misma lista con su antecesor. El Parlamento la juramentó el mismo día de la destitución de Castillo por ser sucesora constitucional.
Castillo fue detenido cuando iba en un vehículo con su comitiva en una avenida del centro de Lima. Según la Fiscalía, se dirigía a la embajada de México para buscar asilo político.
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