Organizaciones sociales en Perú han anunciado nuevas protestas en los próximos días contra el gobierno de Dina Boluarte.
Según organizaciones de las regiones de Áncash, La Libertad, Cajamarca, Lambayeque, Piura, Amazonas y San Martín, las protestas se reanudarán el 13 de marzo.
Boluarte asumió la presidencia de Perú después de un fallido golpe de Estado del ex presidente Pedro Castillo en diciembre. Con la sucesión constitucional también se desató una ola de protestas en Lima y otras regiones del país que exigieron la salida de Boluarte, el cierre del Parlamento, nuevas elecciones generales, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la liberación de Castillo.
Ninguna de estas demandas se cumplió y la confrontación entre los manifestantes y las Fuerzas Armadas estalló a tal punto que, según informes de la Defensoría del Pueblo, al menos 60 peruanos perdieron la vida y hay más de 1.000 heridos.
El Instituto Peruano de Economía (IPE) informó que como resultado de las paralizaciones se perdieron millones de soles diarios y advirtió sobre el riesgo de caer en una recesión.
Expertos consultados por la Voz de América analizan el impacto que podrían tener las movilizaciones en Lima y las regiones del país.
Boluarte creía que sería "fácil de resolver"
Raúl Molina, quien fue jefe del gabinete técnico de la presidencia hasta el 2 de febrero, dijo que Boluarte quería que se instalara un proceso de diálogo para salir de la crisis. Sin embargo, el problema surgió cuando ella buscó que fuera lo más pronto posible.
“La presidenta creía que este problema era fácil de resolver. Que esto se trataba de ir solo a los departamentos y convocar a los actores, que todos iban a ir a sentarse a la mesa a dialogar comenzando por los gobernadores”, dijo Molina.
“La percepción que ella tenía desde Lima era que los gobernadores y los alcaldes le pedían audiencia porque querían ver sus proyectos, como siempre ocurre cuando hay nuevas autoridades”, manifestó.
Según Molina, esta situación habría sido interpretada por la presidenta y su primer ministro, Alberto Otárola, como que el diálogo se iba a centrar en base a los proyectos y no en demandas políticas de las autoridades regionales.
“Mi posición siempre fue que debe haber un diálogo mediado por terceros. Ese proceso que trataba de empujar no es tan rápido. Entonces, entre los tiempos que la presidenta necesitaba y requería por su posición en términos políticos y los que yo estimaba, podían ser posibles, había una enorme distancia. Ahí se centró nuestra discrepancia con la presidenta”, dijo el exfuncionario.
Molina estima que las movilizaciones que se vendrán en los próximos días no tendrán tanta magnitud como en diciembre y enero. Sin embargo, aseguró que si no se resuelve lo más pronto el tema del adelanto de las elecciones, probablemente las protestas escalen más en abril, mayo o junio próximo.
“Las demandas no se han resuelto y tampoco desaparecieron de la esfera pública”, señaló.
El Ejecutivo tiene además la difícil tarea de dar un giro al recelo, el temor y la desconfianza que existe en las poblaciones de las regiones que se movilizan por la cantidad de víctimas que se han registrado, agregó.
Escenarios
La politóloga Milagros Campos dijo a la VOA que los escenarios de la crisis política son muy claros.
El primero es que renuncie Boluarte. En ese caso “no deriva necesariamente en una elección general. La Constitución no es clara cuando se refiere a la sucesión porque dice 'elecciones'. Algunos hemos interpretado que son generales, pero al no ser precisado, hay otro sector de colegas que sostiene que se trata sólo de presidenciales, porque no se puede revocar el mandato de los congresistas”, apuntó.
El segundo escenario es el adelanto de las elecciones generales, que aún no encuentra un consenso en el Parlamento, donde la fragmentación de las bancadas es el principal problema, dijo.
“Las reformas constitucionales, como recortar el mandato presidencial y congresual, se hacen con consensos”, agregó.
Según las recientes encuestas de Ipsos y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 70% de los peruanos desea nuevas elecciones. El ánimo de la población es claro porque no se encuentran satisfechos con Boluarte y el Congreso, que tienen un 71 % y un 90 % de desaprobación, respectivamente.
60 muertos en las protestas
La tercera ola de protestas llega cuando ya hay 60 peruanos que perdieron la vida en las dos anteriores.
El pasado 9 de enero el enfrentamiento entre manifestantes y las Fuerzas Armadas en Juliaca, Puno, estaban en un punto crítico. En medio del caos, varias personas resultaron heridas en las calles. El paramédico Samillán, quien era estudiante de último año de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, fue a socorrer con su botiquín y murió tras recibir un disparo en el tórax. Hasta el momento no se sabe quién le disparó.
“Para mí, todas las matanzas en Juliaca fueron asesinatos extrajudiciales”, dijo Raúl Samillán, hermano del fallecido, a la VOA. “Él [Marco] realizaba un servicio a su población en vista de que los médicos están para salvar vidas. Él amaba y se apasionaba por esta labor”, agregó.
Samillán recuerda que con su hermano estaban indignados y dolidos por las primeras muertes en las protestas en Apurímac y Ayacucho.
“Prácticamente sentíamos que nos habían arrebatado a nuestros familiares. Jamás pasó por nuestra cabeza que también se iba a dar en Puno. Se suponía que si había víctimas, entonces el gobierno debió poner un alto. Sin embargo, lo que pasó en Puno fue con mayor intensidad”, agregó.
En Juliaca se reportaron 17 fallecidos en las protestas.
“A Marco y los demás paramédicos que estuvieron ayudando a los heridos no les importaba que pudieran arriesgar sus propias vidas, sino salvar y socorrer a otros. Lamentablemente, se llevaron la vida de Marco”, dijo Raúl Samillán.
El caso de Samillán y de los otros 59 fallecidos se encuentra bajo investigación de la fiscalía especializada en derechos humanos. Por este caso, la presidenta Boluarte es acusada por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
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