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Rusia refuta con falsedades la investigación de los 'Pandora Papers'


María Zajárova es la portavoz de Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. [Gráfico: VOA]
María Zajárova es la portavoz de Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. [Gráfico: VOA]

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló resultados de una extensa indagación sobre supuestas actividades de más de 300 políticos -en activo y retirados- que utilizaban empresas en paraísos fiscales con el objetivo de evadir impuestos y otros gravámenes.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, acusa a Estados Unidos de ser el mayor paraíso fiscal mientras que omite las revelaciones sobre oligarcas de su propio país

Unos 150 medios de todo el mundo, entre ellos el periódico británico The Guardian, revelaron el pasado 3 de octubre los llamados Pandora Papers o Papeles de Pandora. Se trata de 12 millones de documentos filtrados acerca de empresas que ocultan el dinero de algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo en diversos paraísos fiscales.

Los documentos, filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), mencionan a líderes mundiales, celebridades, jueces, funcionarios y empresarios que ocultaron su dinero en paraísos fiscales. Entre ellos se encuentran el presidente ucraniano Volodimir Zelenski y asociados del presidente ruso Vladimir Putin.

Como reacción a las revelaciones, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, escribió en su canal de Telegram: “El 4 de junio de 2021, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la publicación de un memorando [...] para establecer la lucha contra la corrupción como un interés central de la seguridad nacional de Estados Unidos. Hoy, según The Guardian, la investigación del ICIJ ha señalado a Estados Unidos como el mayor paraíso fiscal”.

Biden sí firmó el memorando, pero la afirmación atribuida al ICIJ es falsa. Además, Zajárova y los medios de comunicación estatales rusos han ignorado o restado importancia a la enorme proporción de ciudadanos y oligarcas de su país que abarca la investigación.

Revelaciones y medidas

El ICIJ no nombró a Estados Unidos como el mayor paraíso fiscal, sino como “uno de los mayores actores en el mundo [del secreto] offshore”. Otras investigaciones, no obstante, sugieren que Estados Unidos es el segundo mayor paraíso fiscal del mundo, por detrás de las Islas Caimán y por delante de Suiza.

Sin embargo, Zajárova omite uno de los mayores hallazgos:

“El análisis del ICIJ revela que los rusos están detrás de alrededor del 14% de las más de 27.000 empresas cuyos detalles de propiedad se revelan en la filtración”, escribió el Consorcio en un artículo. “Al menos 46 oligarcas rusos utilizaban empresas offshore”.

Estas palabras están al final de una nota del ICIJ que detalla información sobre Konstantin Ernst, antiguo director de varios medios estatales rusos. La nota habla de él como “el principal creador de imagen de Putin”. Asimismo, el Consorcio informó que los multimillonarios nombrados en los papeles de Pandora “proceden de 45 países, la mayoría de Rusia (52), Brasil (15), el Reino Unido (13) e Israel (10)”.

El hecho de que Estados Unidos figure como uno de los mayores paraísos “fiscales” del mundo no es nuevo: Bloomberg ya lo informó en 2016. Pero los papeles de Pandora no solo tienen que ver con impuestos, sino con la ocultación de dinero en acuerdos fiduciarios prácticamente impenetrables.

Parte de ese dinero oculto sí que está llegando a Estados Unidos. El ICIJ y sus socios informan que el estado de Dakota del Sur, por ejemplo, se ha convertido en uno de los destinos favoritos. Al mismo tiempo, algunos políticos estadounidenses, incluido Biden, han advertido sobre los riesgos del blanqueo de dinero o han tomado medidas para combatirlo.

Zajárova señaló el memorando de Biden, titulado oficialmente Memorandum on Establishing the Fight Against Corruption as a Core United States National Security Interest, firmado y publicado en línea el 3 de junio.

“La corrupción amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos, la equidad económica, la lucha contra la pobreza y los esfuerzos de desarrollo a nivel mundial, y la propia democracia”, afirma el documento. “Mi Administración liderará los esfuerzos para promover la buena gobernanza, llevar la transparencia a los sistemas financieros de Estados Unidos y del mundo, prevenir y combatir la corrupción en el país y en el extranjero, y hacer que sea cada vez más difícil para los actores corruptos blindar sus actividades”.

El memorando esboza una estrategia de colaboración con socios extranjeros, la modernización de las agencias estadounidenses que investigan el blanqueo y el levantamiento del secreto sobre la propiedad de las empresas.

Cuando Biden asumió la presidencia, la legislación contra el blanqueo de capitales y la corrupción había ido ganando apoyo bipartidista en el Congreso de Estados Unidos.

También en enero de 2021, el Congreso aprobó la Ley de Transparencia Corporativa, que obliga a todas las empresas estadounidenses a presentar información sobre la propiedad a la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). El objetivo es acabar con las sociedades pantalla anónimas, un mecanismo popular para la evasión fiscal y la ocultación de activos.

La Ley contra el Blanqueo de Capitales de 2020 se aprobó para apoyar las disposiciones de la Ley de Transparencia Corporativa. Entre otras cosas, facilita a los funcionarios judiciales de Estados Unidos la citación de registros financieros extranjeros y ofrece recompensas a los denunciantes que expongan las irregularidades.

De Suiza a Delaware, pasando por las Islas Vírgenes Británicas

Zajárova no ha sido la única en ridiculizar a Biden.

En abril, funcionarios suizos criticaron al presidente estadounidense después de que este calificara al país europeo, conocido por su secreto bancario, de “paraíso fiscal”. Los reguladores internacionales, dicen ahora los suizos, le han dado el visto bueno a las medidas adoptadas por el país para cumplir las normas internacionales de transparencia.

Otros señalaron la ironía del llamado a la transparencia de un presidente que procede del estado de Delaware, con su historia de secreto empresarial.

“Delaware, el estado al que Biden representó en el Senado durante 36 años, ha tenido durante mucho tiempo la reputación de permitir a las empresas y a los ricos ocultar los verdaderos beneficiarios de las empresas fantasma anónimas registradas allí”, informó Associated Press.

Sin embargo, Biden ha invitado a combatir la evasión fiscal y el blanqueo de dinero. Desde entonces, la Administración ha pedido un aumento importante de la financiación del Servicio de Impuestos Internos (IRS) para ayudar a auditar a las personas con altos ingresos. Durante años, los recortes presupuestarios han mermado la capacidad de la agencia para auditar las finanzas de los contribuyentes más ricos.

Multimillonarios estadounidenses como el dueño de Amazon, Jeff Bezos, el fundador de Microsoft, Bill Gates, y el inversor Warren Buffett, no aparecen en los Pandora Papers. Sin embargo, la investigación sí que nombra a más de cuarenta oligarcas rusos, así como al propio Konstantin Ernst.

A Ernst se le encargó orquestar las ceremonias de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 en Sochi, por lo que supuestamente solo se le pagó un rublo. Sin embargo, el ICIJ descubrió que, después de los Juegos, Ernst aparecía en un acuerdo de privatización de 1.000 millones de dólares que comenzó con la incorporación de una empresa en las Islas Vírgenes Británicas, un conocido paraíso fiscal en el Caribe.

“Los archivos filtrados también muestran que Ernst fue el beneficiario de un préstamo de 16,2 millones de dólares —de un banco de Chipre en parte propiedad de VTB— utilizado para financiar su participación en el acuerdo”, escribió el ICIJ. El VTB es un banco ruso de propiedad estatal.

“Los archivos muestran que el banco instruyó explícitamente a los abogados en el extranjero para que mantuvieran los documentos que detallaban la conexión de Ernst con el préstamo fuera de los registros gubernamentales en las Islas Vírgenes Británicas, donde se constituyeron las empresas fantasma que ocultaban el acuerdo”.

Al responder al ICIJ, Ernst negó haber ocultado su participación en el acuerdo de privatización y acusó a la organización de trabajar para “los servicios secretos estadounidenses”.

[Este artículo fue publicado por Polygraph.info]

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