Más de una docena de personas, entre ellas la esposa del dirigente oficialista Carlos Lanz, fueron detenidas por su presunta relación con el asesinato del político venezolano, que fue visto por última vez en 2020.
Lanz, quien presidió entre 2005 y 2007 la empresa estatal Aluminio del Caroní, desapareció de su casa en Maracay, a unos 150 kilómetros de Caracas, el 8 de agosto de ese año. En la vivienda no se detectaron signos de violencia, dijo este miércoles el fiscal general Tarek William Saab en una rueda de prensa en la que señaló a su esposa, Maxiorisol Cumare, como la actora intelectual del crimen.
Saab informó que un hombre identificado como Tito Viloria, “valiéndose de su amistad con Lanz, lo invitó a una reunión con milicianos en Mariara”, un poblado cercano a su casa. La milicia está formada por militares retirados y civiles armados que simpatizan con el gobierno.
Pasados casi dos años de investigación, el caso dio un giro tras el testimonio de una exempleada doméstica que fue cesada después de casi 20 años de servicio y quien reveló que la esposa del político mantenía una relación sentimental con Glenn Castellanos, un ex presidiario que terminó confesando su vínculo y el de Cumare con el crimen.
En su delación, Castellanos afirmó que tres meses antes del hecho Cumare le encomendó desaparecer a Lanz, para lo que le entregó 8.000 dólares para contratar a sicarios que finalmente fueron los autores materiales del asesinato.
La víspera, los investigadores localizaron una fosa en una finca en el estado agrícola de Cojedes donde expertos forenses detectaron rastros de sangre y en la que se presume que habrían arrojado los restos de Lanz.
Según Castellanos, la esposa ordenó que el cadáver nunca fuera encontrado, por lo que el cuerpo fue desmembrado en esa finca y sus restos dados como alimento a cerdos criados en la propiedad.
Cumare “estaba obstinada de cómo Lanz obstaculizaba” un esquema de corrupción en la compra de alimentos y otros insumos cuando se desempeñaba como directora del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), un organismo gubernamental de formación laboral, comentó el fiscal general.
Las pesquisas revelaron que Viloria y Zaida Suárez, también detenida, “pagaban comisiones a Cumare tras obtener contrataciones como proveedores del INCES”, añadió Saab.
El fiscal general dijo que entre las hipótesis que maneja la Fiscalía figura que Lanz quizás temía ser vinculado con esos hechos de corrupción y pudo plantearse formalizar una denuncia contra su conyugue, lo que desencadenó los hechos.
Según Saab, la investigación continúa y no descartó nuevas detenciones.
Lanz, exguerrillero y ex profesor universitario, tenía 74 años y en su juventud había purgado 10 años en prisión por su participación en el secuestro en 1976 de un empresario estadounidense.
El fervor revolucionario de la guerrilla nunca captó a las masas y a principios de la década de 1970 la mayoría de los grupos rebeldes venezolanos se rindieron. El presidente socialcristiano Rafael Caldera facilitó la pacificación ofreciendo una amnistía.
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