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Venezuela: organizaciones exponen retrocesos en materia de libertad de expresión


Un hombre toma una foto de una mujer que lleva una mordaza y una cadena mientras sostiene micrófonos durante una manifestación para conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa en Caracas, el 3 de mayo de 2016.
Un hombre toma una foto de una mujer que lleva una mordaza y una cadena mientras sostiene micrófonos durante una manifestación para conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa en Caracas, el 3 de mayo de 2016.

A propósito del tercer ciclo del Examen Periódico Universal de la ONU que evaluará al Estado venezolano a finales de enero de 2022, representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron un balance sobre la situación de la libertad de expresión en el país.

En Venezuela persiste la tendencia que también se ha registrado en países como Nicaragua, Guatemala y El Salvador de adoptar leyes y normativas que se “alejan de la promoción de libertades y derechos”, según expuso Ángela Rodríguez, Investigadora de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad).

La investigadora subrayó que se ha evidenciado un recrudecimiento de los ataques contra la libertad de expresión en el país.

“Desde la llegada de Nicolás Maduro al poder han desaparecido 115 medios de comunicación entre el 2013 y el 2018. Yo creo que estos puntos si bien no son diferenciadores, han destacado en los últimos años en la situación de Venezuela que ha ido como en un retroceso en cuanto al espacio cívico”, manifestó en el foro Espacio Cívico en Venezuela: situación, obligaciones y desafíos.

Ángela Rodríguez calificó como un “logro” el anuncio de la Corte Penal Internacional (CPI) de iniciar una investigación sobre delitos de lesa humanidad que se habrían cometido en el país, un hecho en el que, aseguró, la sociedad civil tuvo una gran responsabilidad.

“Por esa misma razón es que los defensores y los activistas han vivido graves repercusiones”, afirmó esta semana.

Respecto a la eficacia de mecanismos como el Examen Periódico Universal (EPU), la representante de Redlad destacó que son espacios “importantes” para que la sociedad civil pueda exponer lo que ocurre en el país.

A su juicio, se trata de mecanismos mediante los que se puede “ejercer mayor presión ante la comunidad internacional” para que el Estado venezolano tome acción y se cree “voluntad” para respetar y garantizar los derechos humanos en el país.

Marysabel Rodríguez, coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de Espacio Público, dijo que en el contexto de la pandemia observaron “variaciones negativas” en cuanto a los “patrones clásicos” que han visto durante los últimos cinco años.

“Uno de los esquemas básicos que veníamos observando es el medio masivo de medios de comunicación (…) Venezuela es el único país donde un año cerraron más de 50 medios de comunicación que fue en 2017, esto está asociado a un manejo arbitrario del espectro radioeléctrico”, explicó.

Censura en internet

Andrés Azpúrua, director Ejecutivo de Venezuela Inteligente, alertó que la “retracción” de las libertades en el espacio digital ha sido “muy grave” en los últimos años, un proceso que, aseguró, “resta libertades” a los ciudadanos en Venezuela.

“Hemos observado y documentado múltiples ataques a estos derechos y no solamente el derecho a la libertad de expresión y opinión, también está el derecho a la asociación que se ve coartado por estas acciones, así como el derecho a la educación y muchos otros derechos que se ven mediados por el derecho a la libertad de expresión y asociación en espacios digitales”, detalló.

Respecto a la censura en internet, precisó que han documentado el bloqueo de más de 35 sitios web informativos y bloqueos de redes sociales y plataformas streaming como Youtube, Twitter, Instagram, Periscope.

“Es sumamente grave ver cómo el gobierno ha normalizado no sólo la censura en la prensa, sino herramientas de comunicación básicas”, agregó.

En sus más recientes informes, la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, expresó preocupación por “las restricciones al espacio cívico” y en particular por la “estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes”, especialmente hacia la sociedad civil, los medios de comunicación y los miembros de la oposición.

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