El Colegio de Abogados de Caracas difundió un comunicado en el que impugna por “inconstitucional” la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela de poner trabas al derecho de manifestarse pacíficamente contra el Gobierno.
La nota señala que la Sala Constitucional del máximo tribunal desconoce el artículo 68 de la carta magna y llega “al extremo de consagrar un delito que no existe en el Derecho penal venezolano”.
El fallo del Supremo, emitido la semana pasada, condiciona la legalidad de las protestas populares en el país a que éstas sean autorizadas por alcaldes y gobernadores en sus respectivas jurisdicciones.
Según el Colegio, en su pretensión de “interpretar” la ley, el tribunal “no interpretó nada, sino que terminó reescribiendo la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones”.
Esa ley, acotó, “es precisamente la norma que debía hacer cumplir y cuyo contenido y significado era clarísimo e indubitable”.
Los abogados precisaron que se trata de una “decisión gravísima, no solo por su abierta y manifiesta inconstitucionalidad, sino porque además tergiversa la ley”.
En conclusión señalaron que el fallo “retrotrae a nuestro país a la época de los totalitarismos jurídicos estatales, de tan nefasto recuerdo para la Historia de la Humanidad”.
Encadenados
También en rechazo al dictamen del Supremo que limita el derecho a las protestas, este lunes se encadenaron más de un centenar de jóvenes que llevan acampados hace un mes frente a las oficinas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Caracas.
En el campamento hay más de 300 estudiantes de varias ciudades del país, y es uno de los 18 que se han instalado en Venezuela en señal de protesta contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Estudiantes universitarios venezolanos han declarado que no respetarán el fallo y seguirán haciendo uso de su derecho a manifestarse pacíficamente contra el Gobierno.
La nota señala que la Sala Constitucional del máximo tribunal desconoce el artículo 68 de la carta magna y llega “al extremo de consagrar un delito que no existe en el Derecho penal venezolano”.
El fallo del Supremo, emitido la semana pasada, condiciona la legalidad de las protestas populares en el país a que éstas sean autorizadas por alcaldes y gobernadores en sus respectivas jurisdicciones.
Según el Colegio, en su pretensión de “interpretar” la ley, el tribunal “no interpretó nada, sino que terminó reescribiendo la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones”.
Esa ley, acotó, “es precisamente la norma que debía hacer cumplir y cuyo contenido y significado era clarísimo e indubitable”.
Los abogados precisaron que se trata de una “decisión gravísima, no solo por su abierta y manifiesta inconstitucionalidad, sino porque además tergiversa la ley”.
En conclusión señalaron que el fallo “retrotrae a nuestro país a la época de los totalitarismos jurídicos estatales, de tan nefasto recuerdo para la Historia de la Humanidad”.
Encadenados
También en rechazo al dictamen del Supremo que limita el derecho a las protestas, este lunes se encadenaron más de un centenar de jóvenes que llevan acampados hace un mes frente a las oficinas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Caracas.
En el campamento hay más de 300 estudiantes de varias ciudades del país, y es uno de los 18 que se han instalado en Venezuela en señal de protesta contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Estudiantes universitarios venezolanos han declarado que no respetarán el fallo y seguirán haciendo uso de su derecho a manifestarse pacíficamente contra el Gobierno.
