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¿Qué exige la oposición venezolana para ir a elecciones democráticas?


Sede del Consejo Nacional Electoral en Caracas, Venezuela. Junio 15, 2020. Foto: AP.

Partidos y voceros de la comunidad internacional abogan porque se acuerden “garantías” para recuperar la confianza en los resultados de procesos electorales venideros. Hay cinco puntos clave en una amplia lista de peticiones.

La oposición venezolana demanda la realización de elecciones libres, justas y transparentes para destrabar la crisis política que afecta al país desde hace al menos cuatro años. ¿Qué pasos hay que dar para concretarlas?

Gustavo Adolfo Soto, politólogo y profesor universitario en Venezuela, experto en comportamiento electoral, explica que las garantías técnicas de un proceso de votaciones están al alcance de un acuerdo político entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro, a su juicio “totalmente viable”.

Estima, sin embargo, que los partidos deben “redefinir sus discursos” para presentar propuestas electorales que no solo resuciten la esperanza del votante venezolano, sino que, además, reconozca su deplorable condición de vida.

“Si tienes una condición en una economía deprimente, los partidos deben redoblar sus esfuerzos para levantar esa esperanza del voto. ¿Cómo vas a exigir participar mientras hay una condición deplorable? Hay que restablecer nuevos lineamientos en torno al voto como esperanza de cambio real”, dice a la VOA.

Un documento de la autoría del exrector principal del Consejo Nacional Electoral venezolano, Vicente Díaz, habla de 18 garantías que deben materializarse para que haya comicios democráticos en el país. Otro, aprobado por el Parlamento electo en 2015 a mediados del año pasado, habla de 10.

Según Leopoldo López, exdetenido político y vocero opositor en el exilio, dijo recientemente que podrían enumerarse 15 o 20 condiciones electorales que piden, pero acotó que estas podrían resumirse en cinco “elementales”.

Registro Electoral confiable

La oposición ha denunciado que el padrón de votantes en Venezuela está corrompido desde hace años, incluso desde la época cuando Hugo Chávez era gobernante. Se reclamó la inclusión de mismos electores con múltiples identidades en presunto favor del oficialismo. También, se ha reprochado los insuficientes procesos de inscripción y actualización de datos para viejos y nuevos votantes en las últimas elecciones. Mientras el CNE dice que el padrón es “sólido”, sus críticos exigen su depuración para evitar fraudes a la voluntad popular. Su revisión y enmienda puede tomar meses, según expertos en asuntos comiciales y voceros de la oposición.

Sin migración de electores

La oposición denunció que el Consejo Nacional Electoral manipuló la data de votantes para reubicarlos en centros de votación distintos a los que se registraron, lejanos a sus hogares, ubicados incluso en otros municipios o estados. El poder electoral alegó su reubicación por el cierre de los centros originales o simplemente negó que se tratara de casos masivos o ciertos.

Cese de inhabilitaciones (clave)

La oposición ha denunciado que el chavismo, a través de las instituciones que presuntamente controla, como tribunales, Contraloría General o el mismo CNE, ha inhabilitado a decenas de dirigentes políticos por estar presuntamente vinculados a delitos contra la República.

Líderes de renombre, como Leopoldo López, María Corina Machado, Henrique Capriles Radonski, Julio Borges y el mismo Guaidó, están inhabilitados para ejercer cargos públicos por hasta 15 años. Apenas en febrero, se supo de decisiones similares contra 28 diputados opositores. Se exige la suspensión de estas decisiones para que los afectados puedan ejercer sus derechos políticos y tener la posibilidad de ser candidatos.

Dirigencia legítima de partidos (clave)

El Tribunal Supremo de Justicia ha dictado sentencias contra las directivas de una decena de partidos opuestos al gobierno de Maduro, entre ellos Voluntad Popular, Primero Justicia y Acción Democrática. Ellas han derivado en su intervención y han designado autoridades interinas que, según las organizaciones políticas, no representan sus intereses. La oposición ha calificado esos fallos como una judicialización de los partidos, que pide se suspenda del todo y que esos movimientos vuelvan a sus dirigentes “legítimos”.

CNE balanceado (clave)

Esta es, probablemente, la principal petición de la oposición. Se demanda un árbitro electoral independiente del poder político central y de las demás instituciones del país, como contempla la ley. El oficialismo está a punto de nombrar un nuevo directorio del CNE en el Parlamento electo en diciembre pasado, que la oposición desconoce. Voceros del comité de postulaciones al poder electoral prevén que la designación podría ocurrir a finales de abril. Un sector de la oposición aspira a que ese poder electoral en particular sea equilibrado, aunque formalmente no se reconozca a la institución legislativa. Con un actor principal que tome decisiones democráticas, dice la oposición, estaría garantizada la transparencia de cualquier proceso de votaciones.

Cronograma electoral (clave)

La oposición y expertos en elecciones piden que se respeten los plazos contemplados en las leyes venezolanas para la convocatoria de cada elección. Se pide tiempo suficiente para cada paso del proceso, incluidas la actualización del Registro Electoral y la realización de las auditorías. También, está el asunto del orden en que se realizarían eventuales elecciones nacionales. La oposición pide que haya votaciones a la Presidencia y al Parlamento, y luego las elecciones regionales. El oficialismo está ganado por las últimas, pero descarta repetir los procesos de la primera magistratura y de la Asamblea Nacional.

Campaña sin abusos

La oposición reclama que el oficialismo ha invertido recursos del Estado para lograr resultados electorales favorables. Entre esos presuntos abusos, denuncian que las campañas no son equitativas y se exige, por ejemplo, la prohibición de cadenas oficiales para evitar que se propagen mensajes a favor de los candidatos o grupos de candidatos cercanos al gobierno de Nicolás Maduro.

Militares al servicio de civiles

La oposición rechaza el supuesto militarismo que prevalece en cada elección de los últimos años. Piden que el Plan República, como se conoce a la misión militar que brinda apoyo logístico y seguridad de las elecciones en Venezuela, respete el carácter civil de las votaciones y se limite a sus funciones.

Auditorías confiables

Voceros de la oposición, como Guaidó y López, incluyen el término “verificables” como apellido de las elecciones que imagina para el país. Esa mención tiene que ver con las auditorías del proceso. Significa que se compruebe cada paso de las votaciones de forma transparente, rigurosa y según el tiempo suficiente contemplado por las leyes. Así, se chequearían los softwares y la data del padrón electoral, por ejemplo, en los plazos adecuados y con la venia de todas las partes involucradas en el proceso.

Observación internacional (clave)

El oficialismo estila aceptar solo misiones internacionales de “acompañamiento” o “facilitación” de los procesos electorales, no de observación. El argumento de ese enfoque es de “soberanía nacional” y de rechazo previo a eventuales informes críticos de las votaciones, como ocurrió en el pasado con misiones de la Organización de Estados Americanos y el Centro Carter, por ejemplo. La oposición venezolana considera que una observación internacional de instituciones o grupos de gobiernos probos, como el de la Unión Europea, debe trabajar con libertad y, solo así, abonaría a la confianza en los resultados.

Votación en el exterior

Las Naciones Unidas calcula que 5,4 millones de venezolanos han migrado en los últimos años de su país por razones económicas, sociales y políticas. Se trata de 17 por ciento de la población venezolana. La oposición aspira a que el CNE respete y facilite los derechos políticos, específicamente del voto, de esa porción significativa de ciudadanos que se encuentran fuera del país. Se piensa que esa cantidad de votantes podría ser fundamental para elecciones presidenciales.

Tarjeta unitaria

La rehabilitación de los derechos políticos de dirigentes y partidos de oposición ante los ojos del Consejo Nacional Electoral desempolvaría, a su vez, la petición de la oposición de que se respete su derecho a tener una tarjeta unitaria en la boleta o papeleta de votación. Esa estrategia fue clave para su triunfo electoral de diciembre de 2015 en las votaciones del Parlamento nacional. Una decisión del Tribunal Supremo de Justicia anuló esa tarjeta o coalición. Para venideras elecciones, está prácticamente descartado que sea la misma tarjeta, la de la Mesa de la Unidad Democrática, ya que la oposición presentó una nueva plataforma de partidos. Podría ser una tarjeta unitaria con distinto nombre.

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