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¿Por qué la oposición venezolana decidió no acudir a votar?


Partidos del chavismo y de una oposición minoritaria presentaron candidatos, hicieron campaña y llamaron a la ciudadanía a componer el poder legislativo, pero partidos leales a Guaidó se mantienen firmes.

Los partidos leales a Juan Guaidó critican que el chavismo haya usurpado funciones del Parlamento para escoger judicialmente al nuevo Consejo Nacional Electoral. La OEA y la Unión Europea desconocen las elecciones por considerar que no será un proceso justo ni democrático.

La renovación del poder electoral de parte del Tribunal Supremo de Justicia y la inhabilitación de las directivas de tres de sus principales partidos encabezan la lista de razones que argumenta la oposición venezolana para no participar en las elecciones parlamentarias de este domingo.

Este, 6 de diciembre, 21 millones de votantes venezolanos están llamados a participar en la elección del Parlamento, específicamente de 277 diputaciones en los 23 estados y la dependencia federal del país.

La nueva Asamblea Nacional sustituiría de facto a la ganada abrumadoramente en 2015 por las fuerzas que detractan del gobierno en disputa de Nicolás Maduro y se instalará el 5 de enero próximo, según establece la Constitución.

Partidos del chavismo y de una oposición minoritaria presentaron candidatos, hicieron campaña y llamaron a la ciudadanía a componer el poder legislativo, pero al menos 37 organizaciones opuestas al chavismo, leales a la presidencia interina de Juan Guaidó, decidieron abstenerse por considerar que la votación es un “fraude”.

Una decena de movimientos de menor influencia de la oposición, como los de los excandidatos presidenciales Henri Falcón y Claudio Fermín o el pastor evangélico Javier Bertucci, sí participará en la votación. Por ello, la oposición fiel a Guaidó también llama el proceso “una farsa”.

Voceros opositores, liderados por Guaidó, han insistido en que el primer paso en falso de las votaciones parlamentarias fue la elección del nuevo Consejo Nacional Electoral por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia madurista, en vez de por el propio Parlamento, como ordena la Constitución. Aseguran que el TSJ usurpó funciones de la Asamblea Nacional.

La composición de la directiva electoral dio mayoría a funcionarios identificados como el chavismo, como la exmagistrada Indira Alfonso, quien, en 2016, emitió la sentencia que resultó en piedra fundacional del desacato de la Asamblea Nacional escogida en diciembre de 2015 e instalada en enero de 2016. Alfonso preside actualmente el Consejo Nacional Electoral.

Otra objeción al proceso de este domingo es lo que la oposición llama la “judicialización” de los partidos. Sentencias del TSJ inhabilitaron a las directivas de ocho partidos de la disidencia del chavismo, entre ellos tres de los más importantes de la oposición, para integrar sus directivas con políticos filiales al chavismo o, al menos, inclinados por acudir a votar este domingo.

Uno de los aspectos más reprochados por los críticos de Maduro es que el nuevo CNE, con la venia de la misma sala del poder judicial, usurpó funciones de la AN al desarrollar 12 artículos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

También, se fustiga el aumento discrecional y alejado de la Constitución del número de diputados, que pasó de 167 a 277. Organizaciones independientes, como el Observatorio Electoral Venezolano, calculan que el artículo 186 de la Carta Magna limita los cargos del poder legislativo a un tope de 166.

Agenda abstencionista

Ocho organizaciones no gubernamentales venezolanas presentaron la semana previa un informe sobre las elecciones parlamentarias de mañana, en el que observaron que el CNE creó una lista de adjudicación nacional para escoger 48 diputaciones, un modelo que “no se relaciona con ninguna de las modalidades de voto prevista en la ley” y que no configura sino un sufragio de segundo grado.

Esas ONG fustigan particularmente que se haya eliminado la elección directa de los representantes indígenas en el país para hacer lo propio mediante una elección de segundo grado, delegado a “un voto asambleario”.

Su documento enfatiza en que el desmembramiento de los partidos disidentes del madurismo afectará la oferta de la boleta electoral, pues la ciudadanía, explican, “se encontrará con tarjetas cuya directiva no conocen”.

Lamentan, además, que el CNE redujera el lapso de inscripción en el padrón electoral y no abriera centros de registro en 58 por ciento de las parroquias. Las decisiones impidieron la participación del 25 por ciento de nuevos votantes.

Jesús Castillo Molleda, politólogo y docente universitario, explica que la oposición desempolvó la “agenda abstencionista” luego de las elecciones de gobernaciones, en 2017, para desconocer las votaciones presidenciales, de consejos legislativos y concejos municipales del siguiente año.

“Esta agenda tiene un fin internacional, que es el apoyo de la OEA, la UE, el Grupo de Lima y los 60 países que se pronunciaron a favor de Juan Guaidó en enero de 2019. Esa estela de apoyo permitió a la oposición comprender que había sido una buena decisión no reconocer las presidenciales de 2018”, comentó en entrevista a la Voz de América.

La comunidad internacional se ha hecho eco del desconocimiento de las parlamentarias. La OEA aprobó en octubre una resolución donde advierte que las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela no reúnen “las condiciones mínimas democráticas” y reafirma la legitimidad de la Asamblea Nacional de 2015.

La Unión Europea, por su parte, también expresó que “no existen las condiciones para que tenga lugar un proceso electoral libre, justo y democrático” en el país suramericano, este domingo.

Castillo Molleda duda, sin embargo, de la efectividad de esa estrategia a lo interno de Venezuela. Recuerda que la abstención de los últimos tres años dejó en manos del partido de gobierno 308 de las 335 alcaldías del país y la totalidad de los 23 consejos legislativos regionales.

El Parlamento y organizaciones de la sociedad civil decidieron responder a las votaciones parlamentarias con una consulta popular ciudadana sobre los asuntos políticos del país, que culminará el próximo 12 de diciembre.

“Haber desmovilizado a los electores y decir que el CNE es tramposo no deja ningún tipo de maniobra para la presión social de calle”, apunta el analista.

Guaidó, sin embargo, insiste en las irregularidades cometidas por el oficialismo de cara a las legislativas de mañana, especialmente en lo que ha llamado “el secuestro de parte de la dictadura” de los partidos y tarjetones opositores.

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