A Venezuelan living in Ecuador sells lollipops on a street corner on the north side of Quito on January 28, 2019, asking…
Un venezolano residente en Ecuador vende piruletas en una esquina en el lado norte de Quito, el 28 de enero de 2019.

QUITO - Las reformas a la Ley de Movilidad Humana en Ecuador, aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional, han causado polémica entre ciertos sectores de la población, que ven en el instrumento una forma de “criminalizar” al fenómeno migratorio, en especial a la comunidad venezolana que vive en ese país, la cual expresó su descontento a través de un comunicado de prensa.

El presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, Fernando Flores, expresó a la Voz de América que las reformas no están dirigidas contra nadie y que lo que se busca con ellas es generar normas que permitan la convivencia pacífica y una migración ordenada, algo que hasta el momento no se estaba cumpliendo.

Flores reconoce que el éxodo de venezolanos se ha dado en buena parte hacía el Ecuador y que negarles la entrada no es posible, ya que ellos buscan mejores condiciones de vida y llegan huyendo de la grave crisis que atraviesa la nación caribeña. Sin embargo, agrega que ante el aumento desmedido de la migración era necesario adaptar la ley.

“No podíamos cerrarnos y decir aquí no pasa nadie. Llegamos a tener en la frontera norte de Ecuador casi 6.000 ó 8.000 [venezolanos] queriendo ingresar por día. Rebasó totalmente la infraestructura que el país tenía para poder recibirlos, revisar la documentación, darles cuidados… el número de ciudadanos venezolanos desbordó toda expectativa”, citó el asambleísta.

La llegada de la pandemia del COVID-19 complicó aún más la situación económica de los migrantes venezolanos en Ecuador.

Según Flores los cambios eran requeridos para “poner orden en casa” y argumentó que cualquier persona que migra debe adaptarse a las leyes que rigen en el país de destino. Insiste en que la reforma respeta el debido proceso y no discrimina a nadie por su situación migratoria.

“No es que cualquier persona es detenida y deportada (…), en esta ley está garantizado el debido proceso. Está garantizado su derecho a la defensa”, asegura.

Sin embargo, agrupaciones de venezolanos residentes en Ecuador difieren. En un comunicado de prensa, la Asociación Civil de Venezolanos expresó que las reformas se encaminan a “criminalizar la migración”, además de tener términos muy ambiguos o subjetivos que van en contra de lo que dice la Constitución, en lo referente al reconocimiento de que los extranjeros tengan los mismos derechos que los ecuatorianos.

“Solicitamos públicamente al gobierno de Lenin Moreno no dar paso a las reformas hechas por la Asamblea a la Ley de Movilidad Humana y VETAR TOTALMENTE, porque constituyen un claro atentado a la dignidad de los trabajadores inmigrantes además de ser una ley inconstitucional, regresiva y que viola todos los derechos humanos”, cita el comunicado.

Como ejemplo de las ambigüedades, que según ellos existen en el texto de la reforma, está lo relacionado al numeral 7 del artículo 143 que cita que se procederá a la deportación de cualquier extranjero que “sea considerado una amenaza o riesgo para la seguridad pública y estructura de Estado”.

La abogada migratoria Petrick González, coincide en que la interpretación de las reformas podría dar paso a estereotipos y afirma que “la ley carece de un sustento que pueda hacerla válida e incluso eficaz”.

“La misma Constitución prohíbe la expulsión de colectivos extranjeros. Cuando una ley está en contra de la Constitución simplemente es nula”, dijo González.

La jurista cree que la ley se reformó especialmente pensando en los migrantes venezolanos. “Se creó como una especie de campaña en contra de la comunidad venezolana específicamente […] y ha generado una matriz de opinión contra la comunidad venezolana”, sostiene.

González afirma que ese estereotipo es algo que les queda como un estigma y ellos sufren acoso y discriminación debido a ésto. “Cuando se crea ese pensamiento colectivo en contra de una comunidad, genera una serie de violaciones a los derechos fundamentales, tan sencillo como sentirse seguro en este país”.

Por su parte John Gary Gandica, venezolano residente en Ecuador desde hace dos años, afirma ser partidario de que se expulse a extranjeros que cometan delitos, pero expresó su temor ante las reformas y a que éstas den paso a que las autoridades cometan excesos mediante el trámite administrativo de deportación. 

“Lamentablemente, en casi todos los países de Latinoamérica se ha aferrado un poco más también el tema de la xenofobia y de cierta manera salpica a todos los extranjeros”, afirmó Gandica.

La reforma se produce en momentos en que se han multiplicado –a través de las redes sociales-imágenes de hechos delictivos en los que presuntamente están involucrados ciudadanos venezolanos.

* Colaboración Lenny Castro.