La muerte de Moammar Gadhafi y la caída definitiva de su régimen constituyen un revés especialmente para dos gobiernos de Latinoamérica que mantuvieron estrechos vínculos y firmaron numerosos acuerdos de cooperación con el dictador.
Tanto el gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez, como el de su colega nicaragüense, Daniel Ortega, se negaron desde el inicio de la sublevación popular en Libia a reconocer al Consejo Nacional de Transición, órgano que representa a los rebeldes.
Desde 2001, el presidente Chávez visitó en seis oportunidades a su aliado y amigo Gadhafi, y se estima que ambos refrendaron decenas de tratados, aunque sólo ocho fueron publicados el 30 de diciembre de 2010 en la Gaceta Oficial de Venezuela.
Los acuerdos abarcan desde intercambios comerciales hasta el petróleo, y también comprenden la colaboración en materia agrícola, de educación, ciencia y turismo.
Ambos gobiernos suprimieron en 2008 la acuñación de visas en los pasaportes diplomáticos y un año después se oficializó un memorando para establecer el intercambio de profesores, estudiantes y materiales de estudio.
Entre los acuerdos aprobados figura además la creación de un fondo de promoción de inversiones que Chávez firmó durante su última visita a Libia en octubre del año pasado.
También un acuerdo de cooperación energética con una cláusula de confidencialidad para "explotar el potencial petrolero y gasífero", la infraestructura, la triangulación de exportaciones, y la creación de empresas mixtas, entre otros objetivos.
Según analistas, Chávez tendría sólo dos caminos: o la importancia de los acuerdos bilaterales lo obligan a reconocer aunque sea tardíamente a un nuevo gobierno en Libia o simplemente se olvida de ellos y todo lo suscrito quedaría en el limbo.
En cuanto a Nicaragua, en febrero de este año, días antes que estallara la rebelión popular en Libia, el Banco Central de ese país anunció la firma de un acuerdo con el régimen de Gadhafi para condonar US$195.8 millones de dólares de una deuda de US$313.6 millones contraída con los libios.
Todos esos acuerdos estarían supeditados a revisión por parte de las nuevas autoridades libias después de cumplido el plazo para la formación de un gobierno de transición, y el nombramiento luego de un primer ministro, la redacción de una Constitución y la convocatoria a elecciones para formar Parlamento.