EE.UU. extiende por tres meses la protección sobre CITGO

Un trabajador coloca gasolina a un vehículo en una estación de petrolera estatal de PDVSA en Caracas, Venezuela, el 3 de enero de 2020.

La mitad de los activos de CITGO (50.1%), la filial de PDVSA en EE.UU, estaban comprometidos como garantía de esta deuda. El gobierno en disputa ha acusado al presidente interino Juan Guaidó de apoderase de los activos del país.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. emitió este miércoles una licencia que prohíbe por tres meses más las transacciones relacionadas con el bono de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) 2020.

En la licencia, otorgada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), se detalla que esta reemplaza la que expiraba el próximo miércoles 22 de julio.

En la sección de preguntas de la OFAC se explica que hasta la nueva fecha, el 20 de octubre, “la venta o transferencia de acciones de CITGO en relación con el bono PDVSA 2020 del 8,5% está prohibida, a menos que la OFAC lo autorice específicamente”.

La mitad de los activos de CITGO (50.1%), la filial de PDVSA en EE.UU., estaban comprometidos como garantía por la cancelación de un pago de 913 millones de dólares a sus acreedores, que venció en octubre de 2019.

“Agradecemos a la administración por extender la protección y entender nuestra posición”, indicó en su cuenta de Twitter Carlos Vecchio, embajador designado por el gobierno interino de Venezuela para Estados Unidos.

Vecchio aseguró que seguirán “haciendo todo lo posible" para proteger a CITGO de "las deudas irresponsables" del expresidente Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, que se ubican en unos 150.000 millones de dólares.

La OFAC explica en su misma sección de preguntas, que “en la medida en que se pueda llegar a un acuerdo sobre las propuestas para reestructurar o refinanciar los pagos debidos a los tenedores del bono PDVSA 2020 del 8.5%, se pueden aplicar requisitos de licencia adicionales”.

La agencia de noticias Reuters reportó que Luis Pacheco, jefe de una junta ad hoc de PDVSA, nombrada por el gobierno interino, indicó que se trata de "una decisión puente hasta que finalice la acción judicial”.