Un estudio de la Universidad Johns Hopkins arrojó que El Salvador podría enfrentar riesgos tras la reciente adopción de la Ley de Bitcóin, que convierte la criptomoneda en un activo de curso legal a partir de septiembre.
La investigación, denominada "Ley Bitcóin de El Salvador destinada a quedar atrapada en la web reguladora del GAFI" se basó en las regulaciones establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la máxima autoridad mundial contra el lavado de activos. Está integrado por 39 países miembros, entre ellos Estados Unidos, Alemania, España, Japón y México.
Advierte el estudio que tanto las instituciones financieras como comercios que operan en el país centroamericano “no podrán cumplir” con al menos 27 de los 58 indicadores que se requieren para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
La advertencia, que también se extiende al Gobierno de El Salvador, señala además que al enfrentar dificultades con los indicadores, como resultado lógico podría caer en la lista gris o negra que elabora la misma instancia internacional.
El estudio, liderado por el economista estadounidense Steve Hanke, señala que el uso del criptoactivo "probablemente resultará en sanciones”. Expuso además que con mucha probabilidad los salvadoreños “quedarán atrapados en la red de regulaciones del GAFI”.
GAFI es la máxima autoridad mundial contra el lavado de activos y la integran 39 países miembros, entre ellos Estados Unidos, Alemania, España, Japón y México. Fue creada a finales de la década de 1980 y posee una serie de estándares globales para prevenir, detectar y judicializar el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
El estudio prevé que El Salvador podría tener problemas en el manejo de la información, consultas sobre el origen de los fondos y remitentes sin conocimiento. También advierte sobre la posible información inexacta sobre transacciones u origen de los fondos o la relación con la contraparte.
Actualmente algunos países que se encuentran en la lista negra de GAFI son Irán y Corea del Norte. Algunas de las sanciones que enfrentan estos países son incautaciones de cuentas, multas, restricciones comerciales, así como cargos penales a las partes financieras involucradas.
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