Jesús López dice que se siente un extraño en el lugar donde nació.
Es de Guadalajara, México, pero su vida transcurrió en Chicago. Luego de 15 años en la ciudad, fue deportado hace un año durante la pandemia de COVID-19.
"Quiero regresar porque pertenezco allí. Ahí es donde tengo a mis amigos, mi familia", dijo el joven de 25 años, quien una vez fue beneficiario del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) que brinda protección a los inmigrantes que fueron traídos a los Estados Unidos de niños.
López, quien dijo que no renovó su lugar en el programa porque no podía pagarlo, espera beneficiarse de los nuevos esfuerzos de defensores, grupos y abogados para traer de regreso a inmigrantes que creen que fueron deportados injustamente de Estados Unidos.
Con el presidente Joe Biden en el cargo, una de las nuevas propuestas de los defensores insta a crear una oficina centralizada del Departamento de Seguridad Nacional para considerar las solicitudes de los inmigrantes deportados que intentan reunirse con sus familias en Estados Unidos.
"Hemos deportado a cientos de miles de personas, y hacer eso y ni siquiera tener una válvula de escape efectiva para revisar las malas decisiones viola el debido proceso", dijo Nayna Gupta, directora asociada de políticas del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, con sede en Washington, organización sin fines de lucro que propuso la idea.
Es una posibilidad remota: los funcionarios de la Casa Blanca nunca han mencionado públicamente la idea y aún no tiene un partidario en el Congreso. Sin embargo, la campaña muestra cómo la defensa de los inmigrantes se ha envalentonado después de cuatro años de políticas de inmigración de línea dura bajo el ex presidente Donald Trump.
También muestra cuán variadas son las ambiciones entre los defensores de los inmigrantes.
Proyectos de ley en el Congreso
En cambio, muchos se centran en proyectos de ley de inmigración que han sido aprobados por la Cámara, pero que parecen estancados en el Senado debido a que un gran número de niños no acompañados que cruzan la frontera han debilitado la posición de la Casa Blanca. Las medidas darían estatus legal a los beneficiarios de DACA como López, más trabajadores agrícolas y otros con protecciones especiales.
Varios legisladores republicanos, y algunos demócratas, han catalogado la situación en la frontera como una “crisis humanitaria”. El legislador Rick Scott, por ejemplo, ha asegurado que la Casa Blanca “está tan desconectada de la realidad que creen que la crisis en nuestra frontera sur (…) es un juego político”.
En marzo pasado, congresistas republicanos presentaron su propia versión de un plan de reforma migratoria. Entre ellos, el senador por Carolina del Sur, Lindsey Graham, y la representante por Florida, María Elvira Salazar, explicaron entonces la guía de principios para un plan de reformas migratorias que incluye una ruta hacia la legalización provisional para inmigrantes indocumentados que llevan tiempo en Estados Unidos y carecen de antecedentes criminales.
Se trata del Plan de Dignidad, que incluye entre otros temas, protecciones para los 'Dreamers' o soñadores como López. Los republicanos apoyan que los soñadores obtengan un estatus legal inmediato autorizado por el Congreso y su propuesta alude a "caminos hacia la legalización permanente a través del trabajo, el servicio militar o la educación superior".
Otras solicitudes
Otro proyecto de ley que Biden propuso para ofrecer un camino hacia la ciudadanía para inmigrantes que viven en el país irregularmente incluye alguna posibilidad de que los deportados regresen a EE. UU. Pero la administración de Biden no ha hablado públicamente ni ha respondido preguntas sobre la posibilidad de considerar regularmente esas solicitudes.
Los republicanos acusan al gobierno Biden de crear una "crisis" en la frontera y lo señalan por tener, lo que ellos aseguran son, políticas laxas hacia la migración irregular.
"Estamos en un punto de crisis", dijo el congresista Chuck Fleischmann, representante por Tennessee ante la Cámara Baja durante una audiencia con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
"Parece que el mensaje del Gobierno Biden a todos es que EE. UU. no tiene límites sobre quién puede venir porque la administración no está haciendo cumplir las leyes migratorias", agregó.
Más de 700.000 inmigrantes han sido deportados de Estados Unidos en los últimos tres años fiscales, según datos federales. La ley de los Estados Unidos incluye formas para que los deportados regresen, pero rara vez tienen éxito.
Para algunos deportados, el cambio de administración ofrece esperanza.
Claudio Rojas dice que se siente mejor desde que Trump dejó el cargo, pero aún vive con ansiedad y algunas noches no puede dormir en su casa de Buenos Aires.
"No estoy en un centro de detención, pero me siento como en la cárcel en mi propio departamento. Estoy en Argentina, pero me siento un extranjero. No puedo adaptarme", dijo Rojas, de 55 años, un manitas deportado. en 2019. Su esposa, dos hijos y dos nietos están en Florida.
Rojas y su familia se quedaron más tiempo del debido en una visa de turista. Después de una década, terminó bajo custodia federal después de que la policía lo detuvo y recibió una orden de deportación. Rojas no se fue y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas lo detuvo nuevamente durante siete meses. Hizo una huelga de hambre ampliamente publicitada y dos cineastas hicieron un documental basado en su experiencia y la de otros.
Esperando un fallo
Días antes de que Rojas hablara en el Festival de Cine de Miami 2019, fue detenido nuevamente y deportado. El argentino ha presentado una demanda y está a la espera de una decisión de un tribunal federal de apelaciones.
"Quiero recuperar la vida que perdí, todo este tiempo que perdí", dijo Rojas.
El Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes dice que el Congreso no necesita actuar sobre su propuesta y que la creación de un proceso centralizado para revisar las solicitudes podría realizarse a través de la acción ejecutiva porque se basa en las leyes existentes.
El plan pide al gobierno que tenga en cuenta factores como las personas que eran elegibles para obtener un estatus legal y lo habían solicitado antes de ser deportadas o aquellas que tienen circunstancias apremiantes.
La propuesta ha sido compartida con el personal de la Casa Blanca, dijo el grupo. Planea invitar al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a discutir la propuesta e incluir una carta firmada por 75 organizaciones de derechos de los inmigrantes que apoyan el plan.
Un portavoz de la Casa Blanca remitió las preguntas sobre la propuesta al Departamento de Seguridad Nacional, que no respondió de inmediato.
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