UN Special Rapporteur on Negative Impact of Unilateral Coercive Measures on Human Rights, Alena Douhan, speaks during a news conference in Caracas
La relatora especial de Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alena Douhan, habla durante una conferencia de prensa en Caracas. Febrero 12, 2021. [Foto: Reuters]

CARACAS - Con la etiqueta #Lacrisisfueprimero, diversas organizaciones no gubernamentales se pronunciaron en redes sociales tras la presentación del informe preliminar de la relatora especial de Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alena Douhan.

Al cierre de su visita a Venezuela, la relatora concluyó que las sanciones impuestas contra Venezuela han tenido un “efecto devastador” e instó a Estados Unidos y la Unión Europea levantar dichas sanciones.

Consultada por la Voz de América, Katherine Martínez, directora de la ONG Prepara Familia, una organización que brinda apoyo a madres cuidadoras y niños con enfermedades crónicas, manifestó que es importante que se evidencie “claramente la situación preexistente” de la emergencia humanitaria compleja que ha colapsado el sistema de salud.

“La inseguridad alimentaria que sufre la población, en especial la que nosotros atendemos que es la más vulnerable, que son los que están hospitalizados, los niños que tienen patologías crónicas, que están a la espera de un trasplante, las mujeres cuidadoras que están al pie de la cama, que realmente sufren en carne propia el impacto de esta emergencia que desde el 2014 de una manera multidimensional afecta su vida”, dice Martínez.

A su juicio, aunque la relatora especifica la “grave situación” que vive el país, el informe no establece las causas reales y considera que “falta mucho por decir”.

La relatora especial de las Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alena Douhan, en conferencia de prensa en Caracas, Venezuela.
Relatora de la ONU pide “revisar y levantar” las sanciones al sector público venezolano
También destacó el fenómeno migratorio en el país, las precariedades del sector salud, y la situación de los servicios públicos en el país.

“Nos preocupa este informe que le da un peso más fuerte al tema de las sanciones para explicar lo que ocurre en Venezuela. Nosotros seguimos esgrimiendo que esta situación es preexistente a la imposición de sanciones y esperamos el informe definitivo que va a presentar en septiembre en el Consejo de Derechos Humanos”, afirmó la directora de Prepara Familia.

Además, subrayó que los defensores de derechos humanos siguen a la espera de la visita de otras instancias que deben visitar Venezuela, según el compromiso del Estado y que además fue ratificado por una resolución en el Consejo de Derechos Humanos.

“Estamos a la espera de las relatorías con la cuales se comprometió el Estado en invitar con la señora Bachelet en junio de 2019 y que después fueron ratificadas en septiembre de 2019, como son el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, la Relatoría sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias, el Grupo de Trabajo sobre detención arbitraria, la Relatora sobre el derecho a la alimentación, el relator sobre el derecho a toda persona al disfrute al mas alto nivel posible de salud física y mental, el relator de torturas y la relatora sobre Pueblos Indígenas”, puntualizó.  

La defensora de derechos humanos destacó que “la mayoría de los 44 mecanismos temáticos del Consejo de Derechos Humanos que están compuestos por relatores, expertos independientes y grupos de trabajo pueden asesorar, investigar sobre la situación de derechos humanos en Venezuela”.

En tanto, el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) también expresó “preocupación” por lo que calificó de lenguaje “poco contundente” utilizado por la relatora y, aunque admiten que las sanciones afectan a la población, consideran necesario que en un próximo informe se aborde la situación desde “el verdadero origen” de la emergencia humanitaria compleja, pues subraya que es consecuencia de “políticas de desmantelamiento institucional y del Estado de Derecho”, así como de “montos de corrupción únicos en el mundo”.

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“Reconocemos el efecto de sanciones sectoriales en la crisis que vive Venezuela y apoyamos la solicitud de @ONU_es y @CIDH, que se alivien esas sanciones con el fin de disponer de todos los recursos posibles en respuesta a las necesidades de la población”, señala la organización en un mensaje en Twitter.

Luego, agrega: “el gobierno de Maduro ha invertido mucho esfuerzo en un discurso hacia afuera y hacia adentro del país, señalando a las sanciones como la principal causa de la grave situación humanitaria, con el fin de excusarse a sí mismo de sus propias responsabilidades”. 

El presidente Nicolás Maduro afirmó que su gobierno ha actuado para “mitigar el impacto brutal” de las sanciones.