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Cinco casos que demuestran cómo “sentencia mata voto” en Venezuela


Personas caminan frente al edificio de Tribunal Suprema de Justicia de Venezuela (TSJ) en Caracas, el 28 de junio de 2017.

La Sala Electoral del poder judicial se ha dedicado a “salvaguardar a toda costa” a las autoridades chavistas mediante sentencias que no protegen los derechos de los electores, expone la asociación civil venezolana Acceso a la Justicia.

La asociación civil especializada en derecho Acceso a la Justicia expuso cinco casos emblemáticos donde el poder judicial de Venezuela ha “matado” la voluntad popular en los últimos seis años.

Un reciente informe de los especialistas refiere que antes, en las tres últimas décadas del siglo pasado, era famosa una frase en el mundo político nacional: “acta mata voto”, una denuncia sobre la supuesta manipulación de actas de cómo votaron los electores de determinadas mesas y centros comiciales.

“Parece que ya no se necesita que los miembros de mesa modifiquen el documento donde se registran los sufragios contenidos en una urna, sino que basta con una sentencia emanada de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), o también vale con su silencio, para modificar la decisión de los ciudadanos, en especial cuando la misma no favorece al chavismo”, indican.

La Sala Electoral se ha dedicado “a salvaguardar a toda costa” a quienes actualmente ostentan el poder en Venezuela y no a proteger los derechos constitucionales de millones de electores, concluye la asociación civil.

Alí Daniels, abogado y directivo de Acceso a la Justicia, cree que la respuesta a esas prácticas inconstitucionales es salir a votar masivamente.

“Cuando la diferencia es muy grande, las posibilidades de fraude son mucho más difíciles. Una diferencia masiva de votos no se puede declarar nula por dos actas, u ordenarse a repetir”, comenta en entrevista con la Voz de América.

A su juicio, “la gran alarma” es que el gobierno y su poder judicial afín “usurpa la voluntad del soberano cuando pierde el favor popular”.

La VOA publica a continuación los ejemplos que demuestran que “sentencia mata voto” en los últimos tiempos en Venezuela, según Acceso a la Justicia.

1. Repetición en Barinas (2021)

Solo horas de diferencia hubo el pasado 29 de noviembre entre las dos sentencias de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, afín al gobierno de Nicolás Maduro, que dieron jaque mate a la votación para la gobernación del estado Barinas, donde nació el expresidente Hugo Chávez.

Freddy Superlano, candidato opositor, ganó la elección por un estrecho margen ante el aspirante a la reelección y hermano de Chávez, Argenis Chávez. Los magistrados de esa Sala, sin embargo, consideraron que Superlano no podía asumir el puesto, pues había sido presuntamente inhabilitado para ejercer funciones públicas por la Contraloría General de la República.

Acceso a la Justicia subraya que la acción presentada contra la votación nació de Adolfo Superlano, un “supuesto aspirante a la gobernación, un opositor disidente”, sancionado además por Estados Unidos por pertenecer a un grupo de diputados que traicionaron a la plataforma unitaria aliada de Juan Guaidó.

“Asombra la rapidez con la que la instancia dio respuesta. En cuestión de horas, la Sala ordenó al CNE suspender la totalización de los votos y ordenó repetir las elecciones por la inhabilitación a Freddy Superlano”, apunta el informe.

La rapidez de los fallos demuestra “que el TSJ está presto a actuar, en cualquier momento y hora, cuando los intereses del chavismo están en riesgo”, señalan.

2. Parlamento liquidado (2015)

La anulación judicial del Parlamento venezolano electo en diciembre de 2015 es, probablemente, el caso más resonado internacionalmente sobre cómo la justicia ha brindado favores políticos al gobierno de Maduro en los últimos años.

La oposición ganó abrumadoramente las votaciones legislativas de 2015, ocupando las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, pero una demanda introducida ante la Sala Electoral por un presunto fraude en el estado Amazonas durante esos comicios sirvió de punta de lanza para anular al Parlamento.

“La Sala Electoral decidió interrumpir su receso navideño y de fin de año para recibir una serie de recursos contenciosos electorales llevados por candidatos derrotados del chavismo (…) ordenó a los cuatro legisladores electos por el estado mencionado que se abstuvieran de asumir sus cargos hasta tanto la Sala determinara la veracidad de los vicios denunciados” por una de las candidatas del partido de gobierno en esa región, explica Acceso a la Justicia.

La oposición decidió incorporar en 2016 a los diputados de Amazonas a sus sesiones y deberes parlamentarios. Ese caso fundamentó una serie de fallos posteriores que reiteraron el presunto desacato de la Asamblea Nacional de entonces y que consideraron como nulos todos sus actos y discusiones en sesión.

La Sala Electoral, “obvió” la jurisprudencia de los últimos 15 años para suspender la posesión de los legisladores y dejar a la oposición sin mayoría.

“Seis años después los magistrados no se han pronunciado sobre el asunto, pese a que desde hace más de dos años el caso está visto para sentencia”, indican.

3. Revocatorio complicado (2016)

La Sala Electoral “volvió a salir al rescate del gobierno” venezolano en 2016, cuando la oposición intentaba activar un referendo para revocar el mandato de Nicolás Maduro, evalúa Acceso a la Justicia en su informe.

Una sentencia de octubre de ese año “complicó al extremo las condiciones para activar” ese referendo, al considerar que el mínimo de 20% de voluntades de electores a favor de esa figura debe ser de cada estado y no del padrón nacional.

“La falta de recolección de ese porcentaje en cualquiera de los estados (…) haría nugatoria la válida convocatoria del referendo”, consideró el fallo de 2016.

La Sala Electoral, opina Acceso a la Justicia, “no tenía sustento” para semejante sentencia en la Constitución nacional. “Para el momento en que el TSJ dictó su polémico fallo, siete de cada diez electores aseguraban que votarían a favor de revocarle el mandato a Maduro”, recuerda la asociación civil.

4. Entierro en Bolívar (2017)

El dirigente opositor Andrés Velásquez denunció con actas en mano fraude en las votaciones para la gobernación del estado sureño de Bolívar, en 2017. El poder electoral de entonces, sin embargo, proclamó como ganador al abanderado del chavismo, Justo Noguera, por 1.471 votos de diferencia.

Velásquez acudió a la Sala Electoral para denunciar el presunto robo de su victoria, pero esta, cuatro años luego, “aún no ha respondido a su recurso contencioso electoral”, advierte Acceso a la Justicia en su reporte.

Un exdirectivo del CNE, Juan Carlos Delpino, reveló en 2020 que el CNE “estuvo a punto de proclamar” al candidato opositor como ganador pues, a su entender, quedó evidenciado en el poder electoral que “hubo fraude” en Bolívar.

5. Centros de estudiantes, en la mira (2018)

La Sala Electoral no solo interviene en casos de alto nivel político. También, opina y sentencia sobre procesos de votación en centros universitarios. Fue el caso del fallo número 102 de la Sala Electoral, que ordenó en noviembre de 2018 que la Universidad de Carabobo reconociera como el presidente de su Federación de Centros Estudiantiles a Jessica Bello, candidata chavista, y no a quien lucía como el inminente ganador, el dirigente opositor Marlon Díaz.

Acceso a la Justicia recuerda que la Sala Electoral “ha impedido” en los últimos 10 años a distintas universidades del país que renueven sus autoridades, argumentando la violación al principio de proporcionalidad e igualdad.

“Es el caso de las elecciones de la Universidad Central de Venezuela (UCV), suspendidas desde hace más de 13 años”, recuerda la asociación civil.

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