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Nuevo frente en Perú para debilitar a Castillo apunta a vicepresidenta


El presidente de Perú, Pedro Castillo, llega a la novena Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, California, EE. UU., el 8 de junio de 2022.

Pedro Castillo, cuya popularidad ha caído a su peor nivel en casi un año en el poder, se vería debilitado sin una vicepresidenta en un eventual escenario de nuevo juicio político.

Un nuevo esfuerzo para debilitar al presidente peruano, Pedro Castillo, en el Congreso opositor apunta a su vicepresidenta, que ha recurrido al fuero internacional en busca de frenar una investigación que podría expulsarla del cargo, dijeron a Reuters el abogado de la funcionaria y fuentes del Legislativo.

El Congreso planea acusar antes de fines de julio a la vicepresidenta Dina Boluarte de una supuesta infracción constitucional, según las fuentes, en momentos en que el mandatario Castillo también encara una investigación en el Parlamento que intentó dos veces destituirlo del cargo.

"El plan es inhabilitar a la vicepresidenta y luego suspender al presidente Castillo para tomar el poder. Se busca un golpe desde el Congreso", afirmó el abogado Alberto Otárola, quien pidió el 23 de junio la intervención en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Otárola dijo que acudió a la CIDH para solicitar una "medida cautelar" que pueda suspender la investigación contra la vicepresidenta, alegando que el Congreso está vulnerando los derechos de Boluarte de ser elegida para ejercer un cargo.

La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos y puede conceder medidas cautelares en favor de ciudadanos en países que se han adherido a la competencia del bloque, como Perú. Una medida de este tipo es vinculante.

Castillo, cuya popularidad ha caído a su peor nivel en casi un año en el poder, se vería debilitado sin una vicepresidenta en un eventual escenario de nuevo juicio político.

"Si hay una medida cautelar en la CIDH, el Estado está obligado a cumplirlo", dijo a Reuters el abogado constitucionalista Omar Cairo. Pero -agregó- si solo hay una recomendación a Perú, el Congreso con la "prepotencia" de sus votos, apelando a la injerencia externa, puede ignorarlo.

Para inhabilitar del cargo a Boluarte por una infracción a la Constitución se necesita la mitad más uno de votos de los 130 miembros del Congreso. Una destitución al presidente Castillo en un juicio político requiere al menos 87 votos, un escenario poco probable en estos momentos, según analistas.

Arremetida del Congreso

Los cargos contra Boluarte deben ser confirmados a mediados de julio por un comité especial de acusaciones constitucionales del Congreso, dijo una fuente legislativa, antes de que los legisladores voten por una decisión final en sesión plenaria.

El comité acusa a Boluarte de ejercer el cargo de ministra de Estado y al mismo tiempo la representación de una asociación privada civil, algo que el grupo legislativo afirma no está permitido por la Constitución. Pero Otárola dijo que Boluarte dejó la asociación civil antes de ejercer los cargos públicos.

La actuación del Congreso liderado por partidos de derecha y de centroderecha se produce cuando Castillo renunció la semana pasada al partido marxista Perú Libre que lo postuló a las elecciones del año pasado. El grupo político acusa al mandatario de aplicar en su gestión un programa "neoliberal".

Castillo, que asustó a los inversionistas con planes de una economía estatista en el segundo mayor productor mundial de cobre, ha moderado su discurso; pero con cuatro distintos gabinetes evidencia erráticas designaciones de funcionarios. Esta semana nombró a su sexto ministro de Interior.

A la incertidumbre política se suma el ambiente de conflicto social, con protestas en el sector minero y de transportistas, en medio de la inflación local más pronunciada en 25 años.

El fragmentado Congreso investiga a Castillo, al igual que la fiscalía, por supuestamente estar vinculado a una trama de corrupción en la concesión de obras públicas de su exministro de Transportes que está prófugo. Castillo, un exsindicalista y profesor rural, ha rechazado todas las acusaciones en su contra.

"Primero hay que terminar con la acusación constitucional contra la Vicepresidenta y luego seguir con el Presidente. La vacancia moral permanente de Castillo es lo mas adecuado", dijo el legislador y almirante retirado Jorge Montoya, del partido de ultraderecha Renovación Popular. "Aun no hay seguridad de tener los votos para la vacancia, pero lo vamos a tener", refirió.

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