Casi dos años después de haber cerrado sus fronteras terrestres debido a la pandemia de COVID-19, Estados Unidos eliminará esta restricción el próximo 8 de noviembre, anunciaron fuentes del ejecutivo en Washington.
“Este anuncio y la fecha se aplican tanto a los viajes aéreos internacionales como a los viajes terrestres. Esta política se rige por salud pública, estricta y coherente”, explicó a la Voz de América Kevin Muñoz, subsecretario de prensa de la Casa Blanca.
Sin embargo, la nueva apertura está limitada a aquellos viajeros con una visa estadounidense que estén completamente inoculados contra el coronavirus, con vacunas aprobadas por la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).
Además, los viajeros que deseen entrar al país por vía terrestre deberán presentar una prueba de coronavirus negativa realizada durante las 72 horas previas a embarcarse. Los no vacunados, en su casi totalidad, no podrán entrar.
Por otra parte, la Administración Biden se prepara para volver a implementar la política fronteriza de la era Trump, conocida como los Protocolos de Protección al Migrante (MPP), a mediados de noviembre, si el gobierno mexicano estuviera de acuerdo en aceptar el regreso de los solicitantes de asilo a su territorio.
“México es una nación soberana que debe tomar una decisión independiente para aceptar el regreso de personas sin estatus en México como parte de cualquier reimplementación del MPP. Están en curso conversaciones con el Gobierno de México sobre cuándo y cómo se volverá a implementar el MPP”, informó en una declaración de prensa el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Los funcionarios de Biden dijeron que, con el fin de agilizar el proceso, han firmado contratos para reabrir "tribunales en carpas" en los cruces fronterizos en Laredo y Brownsville, Texas, donde los solicitantes de asilo del MPP aparecerían para las audiencias por videoconferencia, como ocurrió durante el mandato del presidente Donald Trump.
En agosto, un juez de la Corte de Distrito de Estados Unidos en Texas ordenó a la administración Biden reiniciar el MPP, culpando a la Casa Blanca por finalizar el programa de manera inapropiada. La Corte Suprema confirmó la decisión, lo que obligó a los funcionarios de Biden a restaurar una política que el presidente ha deplorado como inhumana.
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