Una mujer duerme sentada frente al penal de La Esperanza, en El Salvador, al mediodía. Parece que lleva días sin dormir. Frente a ella hay otras mujeres que duermen en el suelo, donde han improvisado pequeños refugios con bolsas de plástico y sábanas.
Durante el régimen de excepción en vigor en el país, el Estado les ha negado -aseguran- algo básico: información. Por ello, cada día amanecen frente a esa cárcel a la espera de que sus hijos sean liberados. Otras desconocen si sus familiares se hallan en el penal. Pero esperan por instinto.
Paula no quiso dar su nombre real ni el nombre de su hijo. Convencida, dice, de que si los custodios del penal la ven hablando con la prensa pueden golpear a su hijo. Señala unos cuartos azules que se observan desde la calle principal y explica que ya ha visto algunos reos asomarse por los vidrios que hacen de ventanas. Algunas veces, dice, les escuchan llorar.
“Alguien que ya ha tenido problemas con la justicia y ha estado preso eso ya no lo espanta. Pero mi hijo, que nunca ha estado en un lugar de estos, ¿a saber cómo me va a salir?”, expresó a la Voz de América.
El régimen de excepción en El Salvador dura ya casi 60 días, y en ese período la policía ha capturado a más de 30.000 personas después de que el último fin de semana de marzo el país centroamericano viviera la más violenta ola de homicidios vista en todo el siglo: 87 personas asesinadas en 72 horas.
Una investigación del periódico digital El Faro asegura que los crímenes se dieron a raíz de la ruptura de un supuesto pacto entre el gobierno del presidente Nayib Bukele y la MS-13, o mara Salvatrucha. A fecha del 20 de mayo, el gobierno no ha hecho declaraciones sobre estas denuncias.
Quiénes sí hablaron sobre las capturas en El Salvador fueron Human Rights Watch y la organización salvadoreña Cristosal, que aseguran que hay evidencias de graves abusos durante el régimen de excepción.
“En vez de proteger a los salvadoreños de la violencia de las pandillas, las fuerzas de seguridad han abusado de las amplias facultades que les concedió la Asamblea Legislativa”, dijo Tamara Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch en un informe.
Los hallazgos se basan en 43 entrevistas con reos, sus familiares, abogados y miembros de la sociedad civil, así como en el análisis de fotografías, documentos judiciales y registros médicos que corroboraron sus testimonios.
Hasta el 17 de mayo, un aproximado de 12 reos había muerto dentro de las cárceles salvadoreñas, que hasta diciembre de 2020 tenían una capacidad máxima de 27.037 reclusos y actualmente albergan a más de 50.000.
Asimismo, la otra cara del informe revela el trato del Estado a los familiares de los reos. La VOA constató que afuera del penal La Esperanza, en San Salvador, hay decenas de mujeres y niños esperando información sobre los detenidos: duermen en las calles y las necesidades básicas -como alimentos y ropa limpia- son atendidas por los negocios que rodean el penal.
El gobierno salvadoreño no dispone de una oficina a la que estas personas puedan ir a solicitar información sobre sus familiares.
“Si usted viera la angustia que pasamos. Nos toca esperar a ver si salen y, cuando vienen saliendo algunos, las madres lloran, unas porque ven a sus hijos salir y otras lloramos porque no los vemos venir”, expresa Paula, quien espera a su hijo de 26 años, capturado el 28 de abril en el municipio de Ilobasco, a 60 millas del penal.
Como Paula, al menos cinco mujeres entrevistadas por este medio hicieron referencia al estado en el que salen los presos del penal La Esperanza, mejor conocido como “Mariona”. Pascual Amaya Ortiz también relató a la VOA sus vivencias:
“Nosotros salimos corriendo a preguntarles a los que salen cómo los están tratando ahí adentro y supuestamente los están tratando mal. Los sacan afuera, los golpean. Nosotros con nuestros ojos hemos visto cómo salen todos golpeados. Los maltratan, los matan y no hay justicia para ellos”, dijo.
Pasan los días y las mujeres siguen esperando
María Antonia Mendoza, de 70 años, lleva nueve días durmiendo fuera del penal, a la espera de su hijo de 41 años. Él se encontraba en su casa cuando la policía llegó y lo capturó.
“Él me habló por teléfono y yo estaba recostada porque me había caído. ‘Madre’, me dijo, ‘venga porque aquí están unos policías’. ¡Ay, mi muchachito!, dije yo. Y ahí voy corriendo. Cuando llegué no me dijeron nada, nada, nada. Solo se lo llevaron”, rememora.
Desde entonces, Antonia espera fuera de uno de los penales que albergan a los capturados en el régimen de excepción. Como ella, hay decenas de mujeres que pagan hasta 60 dólares para notarizar documentos laborales que prueben que sus hijos tienen trabajos formales, y con ello, esperar su salida.
Hay otros para quienes el panorama no pinta para mejor: algunos capturados son albañiles, amas de casa u otros oficios no remunerados como empleos formales. Por lo que probar arraigos que aceleren su liberación se vuelve un imposible.
La mayoría son pandilleros, dice el gobierno
Para el gobierno salvadoreño, el 99 % de los detenidos son pandilleros. Y como respuesta a la ola de violencia que ocasionaron las pandillas a finales de marzo, El Salvador ha sumado una serie de reformas a la legislación penal para castigar, entre otras conductas delictivas, la afiliación a las pandillas con hasta 30 años de prisión y, si son cabecillas, con penas que oscilan entre 40 y 45 años. Antes de las reformas, esas penas eran de entre 5 y 14 años de cárcel.
“Andamos detrás de aquellos que son parte, los que fueron, los que colaboran o les tienen negocios a estructuras terroristas”, dijo en una conferencia el pasado 9 de mayo el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
En esa ofensiva del gobierno contra las pandillas, el retrato de la angustia lo ponen decenas de mujeres que aseguran desconocer las leyes de El Salvador y los procesos de liberación o de encarcelamiento definitivo. Mientras la desinformación continúe, esperarán afuera de las cárceles.
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