Los cinco países latinoamericanos de donde provenían los 40 migrantes fallecidos en el incendio ocurrido a finales de marzo en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, México, también son corresponsables de la violencia denunciaron este martes organizaciones de derechos humanos que litigan en el caso para luchar contra la impunidad.
“Y todos los países que tienen víctimas en este país son corresponsables, yo les diría: ‘por favor defiendan a sus nacionales’. ¿Es más importante quedar bien con México que defender a sus nacionales? Porque no hemos visto una defensa contundente de sus migrantes”, dijo Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático durante una ponencia conjunta organizada por la Oficina de Washington para Asuntos Latinos (WOLA).
Esta experta coincidió con sus pares en que el silencio de los gobiernos de la región es una carga más para las víctimas, y que aumenta el sufrimiento y las escasas probabilidades de reparación a las familias de los fallecidos en ese incendio como en otros al menos 10 casos registrados en los albergues y centros de detención durante la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Es muchísimo más fácil que esta violencia se siga repitiendo si México cuenta con la complicidad de todos los países", acotó Delgadillo. "Por ahí hubo una manifestación de El Salvador, pero no sabemos hasta dónde está actuando en la defensa de sus víctimas, pero si los países no son capaces de defender a sus nacionales le están dando permiso a México para que continúe la impunidad”.
Al calor de los hechos, los gobiernos de Colombia, Honduras, El Salvador, Guatemala y Venezuela informaron que habían trasladado a sus equipos consulares para dar “apoyo” a las víctimas y coordinar con las autoridades mexicanas para “identificar a las víctimas” y a su posterior repatriación de los cuerpos.
Piden comisión investigadora
En un pliego de recomendaciones para evitar la impunidad, al menos cuatro organizaciones involucradas en el conversatorio, han coincidido en que sólo una comisión investigadora con apoyo de la comunidad internacional podría llegar al fondo del asunto y dirimir las responsabilidades pertinentes.
Denunciaron que durante 12 años no se ha avanzado en las investigaciones de hechos notorios que involucran la muerte de migrantes en su ruta hacia Estados Unidos, y el caso de Ciudad Juárez llega 12 años de la masacre de Tamaulipas ocurrida el 22 de agosto de 2010, cuando un grupo del crimen organizado involucrado en el tràfico de migrantes asesinó a 72 personas en ese Estado por disputas con otra banda.
Blanca Navarrete, representante de Derechos Humanos Integrales en Acción, (DHIA), en Ciudad Juarez, dijo que la petición de una comisión especial supervisada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y con apoyo de expertos ajenos a México, sería una garantía para adentrarse en la investigación de al menos los casos más notorios de muertes de migrantes.
“Pedimos una comisión especial, una especie de grupo experto independiente que pueda examinar ese caso y las otras masacres de migrantes donde hasta la fecha hay impunidad”, señaló.
Las organizaciones no confían en que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda ofrecer una respuesta a la luz de otros hechos donde no se ha investigado y ha imperado la impunidad. “Cuando se investiga al Estado es cuando se pone a prueba las fiscalías” apunto Navarrete.
“La única manera de sacar adelante este caso y entender toda la corrupción que está detrás del Instituto Nacional de Migración es con una comisión independiente, hasta la fecha, la FGR aceptó ya la asistencia técnica con el apoyo de Naciones Unidas para cinco casos de masacres de migrantes, que no se han movido de ahí, y lo que estamos pidiendo es que este caso se sume”, agregó Ana Lorena Delgadillo.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aceptó en días recientes la investigación que la FGR lleva adelante contra el comisionado del INM, Francisco Garduño, como responsable en la cadena de mandos sobre el incendio de Ciudad Juárez, en cuya audiencia preliminar de este martes la FGR le ha acusado.
La FGR sustenta la causa contra Garduño en el ejercicio ilícito de servicio público y omisión en sus obligaciones como máximo responsable de la política migratoria de México y, por consiguiente, con grado de responsabilidad en la muerte de los 40 migrantes en el incendio de Ciudad Juárez.
El jefe del Ejecutivo mexicano dijo en días recientes desconocer los alcances de la acusación contra el funcionario de su administración y que el palacio de Gobierno esperaba “tomar las decisiones en su momento”.
Una política migratoria militarizada
Durante el conversatorio las organizaciones manifestaron también el papel cada vez más predominante de las fuerzas armadas del país azteca en labores que corresponderían a la policía en asuntos de migración.
Un fenómeno al que le ven el punto de partida en la Declaración Conjunta de junio de 2019 firmada por el expresidente de Estados Unidos Donald Trump con López Obrador cuyo resultado impulsó la militarización del tema migratorio en México.
![Representantes de 26 organizaciones de la sociedad civil de México pidieron a la CIDH abordar la situación de la militarización de la seguridad pública en México, ante los efectos de violaciones a derechos humanos que aumentan. [Imagen: Captura de pantalla]](https://gdb.voanews.com/0c520000-0aff-0242-da67-08da9a608590_w100_r1.jpg)
"A partir de ahí México se comprometió con Estados Unidos a frenar la migración al establecer 6.000 elementos en todo el territorio de la república mexicana -especialmente en el sur y el norte- de la Guardia Nacional que sabemos que están militarizados y ahora llega hasta 28.000”, apunto Delgadillo.
Las organizaciones también ven la política migratoria mexicana “empujada” por EEUU y creen que el resultado de esas políticas “mata” a razón de los cientos de migrantes que forman parte de las estadísticas fatales, donde campea la impunidad y el silencio de los países de emisión de los flujos migratorios irregulares, denunciaron.
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