Al menos 23 personas murieron tras un enfrentamiento entre grupos disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en Arauca, región fronteriza con Venezuela, según confirmaron autoridades colombianas.
Según el ministro de Defensa, Diego Molano, cinco de los fallecidos fueron identificados, cuatro de ellos son de nacionalidad venezolana y dos tienen antecedentes judiciales por porte ilegal de armas.
“Uno de los identificados es alias ‘el Flaco Fredy’, cabecilla de las disidencias de las FARC, y sobre quien pesaban dos órdenes de captura, una por extorsión y secuestro y otra por tráfico ilegal de armas”, detalló Molano el lunes a la prensa.
Versiones preliminares indicaban que las confrontaciones se habrían generado por la muerte de alias "Mazamorra", jefe del ELN, pero las autoridades dicen que no hay certeza al respecto.
Las confrontaciones comenzaron en el municipio venezolano de La Victoria, en el estado de Apure, según el ministro, por “disputas de rentas criminales”.
"Del otro lado de la frontera [en Venezuela] hay una confrontación enorme entre las disidencias de las FARC frente 10 y 28 contra una unión que se da entre el ELN y la Segunda Marquetalia”, agregó Molano, en referencia a otra facción de las disidencias de las FARC.
Según dijo el lunes el presidente Iván Duque, detrás de los homicidios "existe ese fenómeno de grupos armados que se están enfrentando y buscando asesinar a miembros de sus milicias y generar intimidaciones en la población civil”.
También señaló que los grupos se resguardan en Venezuela, tras cometer crímenes. “Estos grupos han estado operando bajo sus anchas en territorio venezolano con la anuencia y protección del régimen dictatorial”, dijo a los periodistas.
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, rechazó dichas acusaciones.
"¿Quién tiene la culpa de los males de Colombia? Seguir señalando a Venezuela de la violencia centenaria gestada en sus entrañas nunca los va a exculpar hasta tanto la tortilla se vuelva y la oligarquía colombiana sea sustituida por un gobierno de compromiso social", escribió, en un hilo en Twitter.
SOS de los ciudadanos
Para la Defensoría del Pueblo, alrededor de 10.000 personas están en riesgo por encontrarse en medio de este conflicto armado en los municipios de Tame, Fortul, Saravena y Arauquita.
“Esta grave situación de orden público ha generado también el desplazamiento forzado, hemos mantenido contacto permanente con líderes y con las autoridades locales. Hicimos un llamado para la activación de los planes de contingencia que permitan atender a la población afectada para salvaguardar y proteger su integridad y su vida”, declaró a los medios Carlos Camargo, defensor del Pueblo, el lunes.
Habitantes del lugar hacen un llamado para que cesen los enfrentamientos: “Un SOS, un llamado para que las autoridades hagan algo porque nos están matando", dijo Yuri Marín, residente de Arauquita, Colombia, a la Voz de América.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) recuerda que este territorio ha sido fuertemente azotado por la violencia y usado como corredor para las rutas del narcotráfico.
Camilo Posso, presidente de Indepaz, explicó a la VOA que los grupos "están tanto en territorio venezolano como en territorio colombiano " y allí lo que están haciendo es disputándose territorios" y esto "está desatando una situación supremamente grave".
Añadió que hay "una campaña de extorsión contra las comunidades, de desplazamiento. La gente está atemorizada en medio de los fuegos cruzados y la llamada que hace la comunidad es que pare esa guerra".
Posso explicó que estos hechos ya tienen una historia de los últimos dos años, por los menos, con la reorganización de las disidencias de las FARC y su incursión para disputar territorios con otros grupos armados en la zona.
“Estos grupos se van a debilitar, pero la población, la tranquilidad y la perspectiva de la paz entran en un camino de zozobra al comenzar este año 2022”, agregó.
Al término de una reunión operacional realizada en la capital del departamento de Arauca, el ministro de Defensa anunció que 600 militares llegarían a Arauca para resguardad la seguridad de este departamento, por orden del Presidente Iván Duque.
También anunció el aumento de recompensas de hasta 300 millones de pesos (73.500 dólares, aproximadamente) para quien entregue información que permita dar con la captura de cabecillas de grupos armados.
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