Familiares de Leoner Azuaje, un ex ejecutivo de la estatal Cartones de Venezuela (Cartoven) que murió bajo custodia del Estado, piden “protección” pues aseguran estar “en peligro”.
Claudia Pimentel, quien se identificó como la pareja de Azuaje, solicitó “resguardo” para su vida, la de sus hijas, su suegra (la madre de Azuaje) y cuñada, a través de un video divulgado en Twitter.
“Necesito saber qué pasó, exijo la protección de la fiscalía de la República Bolivariana de Venezuela y exijo la protección del gobierno peruano, porque yo soy peruana sin doble nacionalidad, mis hijas también lo son. Exijo además la protección de la embajada española para mi cuñada y para mi suegra, ellas también tienen que estar protegidas porque no sabemos qué está pasando”, manifestó.
“Nos dijeron que mi esposo se suicidó”, continuó Pimentel.
En otro video que circula en Twitter, la madre y la hermana de Azuaje, pidieron “protección” argumentando que “toda la familia tiene miedo” y que “están en peligro”, pero no precisaron los motivos.
“Se lo llevaron de su casa el 14 de este mes, lo dejaron detenido y yo tuve 6 días sin saber de mi hijo, fuimos al SEBIN y nos tiraron la puerta en la cara, nunca nos dieron respuesta”, detalló la madre de Azuaje entre sollozos. “Fuimos a la fiscalía, al Ministerio Público y nadie nos dijo nada de mi hijo, yo pido justicia porque mi hijo era un hombre intachable”.
La Voz de América intentó contactar con los familiares de Azuaje, pero aún no ha obtenido respuesta.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo el viernes por la tarde que la autopsia concluyó que Azuaje murió por “asfixia mecánica por constricción de cuello por ahorcamiento” y que experticias de la Unidad Criminalística del MP determinaron que “se suspendió usando sábanas para ahorcarse en la habitación donde estaba recluido”.
“También se hallaron varias cartas dirigidas a su familia haciendo mención de la decisión por él tomada de atentar contra su vida, en donde a la vez se asume el error cometido”, escribió el fiscal en Twitter.
Saab aseguró que fiscales del MP han realizado varias entrevistas, entre ellas una al psicólogo tratante de Azuaje, quien, según dijo, “era un paciente con trastornos y signos de ataque de ansiedad”. Además, según las experticias, el compañero de celda confirmó el suceso.
El jueves por la tarde Sabb había ordenado investigar el “suicidio” Azuaje.
Azuaje, quien había formado parte de la justa administradora de Cartoven, fue presentado el martes por la noche ante un tribunal para ser imputado por delitos de corrupción.
En un video transmitido por Venezolana de Televisión, el canal del Estado, se le vio esposado y vistiendo un overol naranja durante su audiencia de presentación.
Según el canal del Estado, Azuaje, que en su cuenta en Twitter se identificaba como ingeniero mecánico con estudios en ingeniería gerencial, profesor universitario y “defensor de las ideas de Chávez y Bolívar”, estaba presuntamente implicado en la trama de corrupción en Cartoven.
Hace poco más de un mes la Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela (PNA) inició operativos en los que decenas de personas, entre ellas ex altos funcionarios públicos, han sido detenidas e imputadas por estar incursas en “hechos de corrupción” y “malversación de fondos” en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Cartoven y el sistema judicial.
Protocolo de Minnesota
Representantes de diversas organizaciones defensoras de DDHH, entre ellos Gonzalo Himiob, director vicepresidente del Foro Penal, una ONG que brinda asistencia pro bono a presos políticos y sus familiares, recordaron que “toda muerte potencialmente ilícita de una persona bajo custodia del Estado debería ser investigada siguiendo los lineamientos del Protocolo de Minnesota”.
Se trata de un modelo para la investigación de ejecuciones “extralegales, arbitrarias y sumaria”, recomendado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH.
Himiob sostiene que, en estos casos, es “indispensable una investigación objetiva” y subraya que “la obligación de investigar se entiende de especial importancia, según el Protocolo, cuando la persona ha muerto mientras estaba privada de libertad”.
“Y se hace extensiva a los casos de las personas recluidas en prisiones o en otros centros de detención oficiales o de otro tipo y de las personas que se hallen en cualquier instalación en la que el Estado ejerza un estricto control sobre sus vidas”, insistió el abogado defensor de DDHH.
El artículo 43 de la Constitución de Venezuela establece que el Estado debe proteger la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad.
No es un caso aislado
La muerte de Azuaje ocasionó que, en redes sociales, resurgiera el caso del ex concejal opositor, Fernando Albán, detenido por haber sido señalado de supuestamente estar involucrado en un atentado contra Maduro en 2018.
Tres después de su detención, murió mientras se encontraba en custodia de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en una de sus sedes en Caracas.
Las primeras versiones de las autoridades fueron contradictorias y apuntaban a que Albán se había quitó la vida al lanzarse al vacío desde el décimo piso del SEBIN, pero, posteriormente, el fiscal Saab reconoció que se trató de un asesinato.
“Ante la muerte de Leoner Azuaje es bueno recordar que en el caso del concejal Fernando Albán el fiscal Tarek William Saab salió corriendo a decir que se había suicidado. Buscó impunidad y fue el TSJ quien tuvo que anular la sentencia y ordenar nueva investigación”, dijo Marino Alvarado, integrante de Provea, una de las ONG de derechos fundamentales más antiguas del país.
Alvarado recordó que el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia surgió luego de que la Misión de Determinación de Hechos de la ONU señaló “elementos suficientes para dudar de la versión oficial de suicidio”.
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