La Fiscal General de Venezuela cesa de sus funciones desde el exilio en España

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, anunció este fin de semana desde España, donde se encuentra exiliada por razones políticas, que cesa de sus funciones luego de 14 años en el cargo.

“Mis funciones como Fiscal General de Venezuela cesaron constitucionalmente este 31 de diciembre de 2021. Inicio una nueva etapa enfocada en el restablecimiento del orden constitucional y el Estado de Derecho de mi país”, escribió Ortega Díaz en su cuenta oficial de Twitter el sábado.

La exfuncionaria confirmó en su comunicado que se encuentra en Madrid, España, donde tramitó su solicitud de asilo político en octubre del año pasado tras haberse exiliado desde 2017 en Colombia, vecino a Venezuela.

Ortega Díaz reiteró en su anuncio las denuncias de una “inclemente persecución política” en su contra por parte del gobierno del país sudamericano.

“Durante más de cuatro años estuve obligada a ejercer funciones desde el exilio en vista de que fui destituida ilegalmente por una írrita Asamblea Nacional Constituyente”, apuntó en su texto, refiriéndose a cuando en agosto de 2017 el chavismo la destituyó mediante sentencias judiciales.

La Asamblea Nacional venezolana, entonces de mayoría oficialista, designó en diciembre de 2007 a Ortega Díaz como fiscal general del Ministerio Público venezolano, cargo que ejerció por siete años hasta que el Parlamento, todavía dominado por diputados chavistas, la ratificó en 2014, a pesar de que no contaban con las dos terceras partes de los votos, como establece la Constitución nacional.

Ortega Díaz fue la primera funcionaria de alto nivel del chavismo en pronunciarse, en el marco de las protestas opositoras de 2017, en contra de sentencias judiciales que anularon las competencias del Parlamento, entonces de mayoría opositora. Ortega Díaz denunció “la ruptura del orden constitucional” en Venezuela.

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Cinco meses después de sus declaraciones, el Tribunal Supremo de Justicia afín a Maduro la inhabilitó para ejercer cargos públicos, congeló sus bienes y le prohibió salir del país.

Luego, la oficialista Asamblea Nacional Constituyente aprobó su destitución, nombrando en el cargo al exdiputado y exgobernador del Partido Socialista Unido de Venezuela, Tarek William Saab, aún en funciones.

Tanto para la ex fiscal general como para la oposición venezolana, aquel nombramiento fue ilegal, por nacer de una institución que consideran ilegítima.

Justicia oportuna

Ortega Díaz reivindicó su papel “en favor de la justicia” desde el exilio, recordando que introdujo en 2017 una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI). Esa acción, a su juicio, “motivó el inicio de la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela” que lleva a cabo ese organismo.

Karim Khan, fiscal jefe de la Corte Penal, anunció en noviembre pasado en Caracas que decidió pasar a fase de investigación la situación de Venezuela.

En septiembre de 2018, un año luego de la denuncia de Ortega Díaz, los gobiernos de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá solicitaron a la fiscalía de la CPI que investigara presuntos crímenes de lesa humanidad y abusos a los derechos humanos ocurridos en Venezuela desde abril de 2017.

“Estoy convencida de que se hará justicia oportunamente. A partir de ahora, inicio una nueva etapa enfocada especialmente en actividades destinadas al restablecimiento del orden constitucional y el Estado de Derecho en Venezuela”, concluyó Ortega, a quien un sector de la oposición de su país señala como corresponsable de abusos cometidos antes de su disidencia con el chavismo, lo cual ella ha negado.

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La Fiscalía General de Venezuela es parte de un sistema político en crisis en los últimos años. La oposición, que acusa a Nicolás Maduro de usurpar el poder, afirma que sus instituciones, como la presidencia interina liderada por Juan Guaidó y el Parlamento electo en 2015, son las realmente legítimas.

Esas discrepancias políticas y judiciales dieron paso a que Venezuela tuviera duplicidad de instituciones y funcionarios públicos. Maduro, por ejemplo, sigue ejerciendo la presidencia del país, mientras el chavismo domina el Parlamento venezolano electo en 2020 y reconoce, asimismo, a Saab como Fiscal General.

La oposición considera, además, que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) está compuesto por magistrados designados en 2017 por su Asamblea Nacional. La mayoría de esos juristas se exiliaron y, desde el extranjero, siguen en funciones.

Con base en la Constitución y en una sentencia de ese poder judicial en el exilio, la oposición venezolana acaba de prorrogar la vigencia del Parlamento de 2015 y de la presidencia interina de Guaidó por al menos un año más.

Fuentes del poder judicial en el exilio comentaron a la Voz de América que se prevé que esa Asamblea Nacional electa hace seis años inicie en los próximos días un debate político y jurídico para definir el sustituto de Ortega Díaz.

“Debería ser la AN la que abra un debate al respecto. Así como nombraron un contralor y un procurador (en años recientes), pueden nombrar un fiscal. Hay que esperar qué deciden ellos”, los diputados, apuntó una de las fuentes.

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