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HRW denuncia “complicidad” de militares venezolanos con los guerrilleros del ELN


Efectivos militares del Ejército de Venezuela en demostración de prácticas sobre tácticas de combate, informe de ONG pro derechos humanos sostiene que fuerzas armadas son cómplices de acciones del grupo ELN. (Foto Archivo / AP)
Efectivos militares del Ejército de Venezuela en demostración de prácticas sobre tácticas de combate, informe de ONG pro derechos humanos sostiene que fuerzas armadas son cómplices de acciones del grupo ELN. (Foto Archivo / AP)

Militares venezolanos fueron cómplices de crímenes de grupos guerrilleros de Colombia en los combates en la frontera entre ambos países en enero y febrero, denunció la ONG Human Rights Watch.

La organización, fundada en 1978 e integrada por 400 personas, denunció este lunes “un aumento dramático de la violencia en los primeros meses de 2022” debido a enfrentamientos en la frontera entre Colombia y Venezuela.

Los combates entre el Comando Conjunto de Oriente, compuesto por disidentes surgidos de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el ELN, han forzado a “miles” a huir de sus hogares, dice.

Los combates comenzaron el 1 de enero pasado por la disputa del control del territorio y de actividades ilícitas en las regiones de Arauca, en el este de Colombia, y de Apure, en el sur occidente de Venezuela.

El reporte de HRW da cuenta de que ambos bandos eran aliados anteriormente, pero ahora han cometido “múltiples abusos”, entre ellos asesinatos, reclutamiento forzado de adultos y niños y desplazamiento forzado.

Uniformados venezolanos, esencialmente militares, “han realizado operaciones conjuntas con miembros del ELN y han sido cómplices de sus abusos”, de acuerdo con el informe, que fundamenta su denuncia en los testimonios de decenas de desplazados y víctimas de esas arbitrariedades y crímenes.

Human Rights Watch precisó que entrevistó a más de 100 personas en los departamentos colombianos de Vichada y Arauca el mes pasado. Entre los consultados hay personas que huyeron de Apure, líderes comunitarios, dirigentes indígenas, funcionarios judiciales y también autoridades locales.

El reporte revela la participación de un “soldado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana” de Venezuela durante el asesinato selectivo de parte del ELN de un presunto informante del Comando Conjunto de Oriente en El Ripial.

“Vio a través de una rendija en su puerta cómo dos miembros del ELN empujaban a Murillo (seudónimo para identificar a la víctima), quien estaba atado de pies y manos. Otro testigo confirmó estos hechos a Human Rights Watch. Salcedo dijo que un miembro del ELN le disparó dos veces a Murillo y los guerrilleros arrastraron su cuerpo a una camioneta”, cuenta la ONG.

Colaboración o "mitomanía"

El documento de Human Rights Watch cita a testigos para afirmar que militares venezolanos solían acompañar a guerrilleros del ELN en comunidades de Apure donde acusaban a determinados residentes de colaborar con sus adversarios.

“Otro testigo dijo que miembros de las FANB llegaron a su comunidad en Apure con guerrilleros del ELN, quienes se llevaron por la fuerza a varias personas a las que acusaban de colaborar con el Comando Conjunto de Oriente”, cuenta.

El declarante dijo a HRW que tanto los uniformados venezolanos como los insurgentes colombianos “empezaron a gritar unos nombres, entraron a las casas de esas personas y se los llevaban amarrados”.

El gobierno de Nicolás Maduro dijo haber arrestado a al menos 35 miembros de grupos que identifica como “terroristas armados, narcotraficantes de Colombia (TANCOL)” e indicó que había destruido campamentos y laboratorios de droga.

HRW, no obstante, dice que esas operaciones “parecen haber tenido como objetivo al Frente 10 y otros elementos del Comando Conjunto de Oriente”.

Según la organización, las fuerzas de seguridad de Venezuela eran “tolerantes” y actuaban a veces “con connivencia” con grupos armados de Apure desde 2020.

El oficialismo venezolano suele repudiar los informes de HRW sobre el estatus de los derechos humanos en ese país suramericano. En enero pasado, negó que el poder ejecutivo haya aprovechado la coyuntura del COVID-19 para aumentar sus controles sobre la población, como indicó la ONG en un informe.

El canciller de Maduro, Félix Plasencia, acusó a su director de “fabricar expediente para complacer a sus financistas” y aseguró que el reporte estaba “lleno de impresiones”. Calificó el texto como producto de “mitomanía pura”.

El reporte del lunes refleja la gravedad de la situación en la frontera binacional. “La Policía Nacional de Colombia informó que hubo 103 homicidios en Arauca en enero y febrero. Esa es, por lejos, la cifra de homicidios más alta reportada en los primeros dos meses del año en Arauca al menos desde 2010”, precisa.

Human Rights Watch reconoce el esfuerzo de las autoridades de Colombia para “disminuir el poder de los grupos armados en Arauca”, pero advierte que sus operaciones militares “no han protegido suficientemente a la población”.

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