La anunciada reforma migratoria del presidente Joe Biden ha entrado en una nueva fase, en un momento en que la Casa Blanca considera acelerar los procesos de asilo y facilitar que funcionarios de asilo sean los encargados directos de decidir las deportaciones.
Un pliego informativo despachado el martes ha dejado saber que la Administración Biden trabaja por mejorar los mecanismos para las deportaciones rápidas en tanto que va a potenciar la concesión de asilo a quienes verdaderamente estén buscando protección.
Biden ha revertido muchas de las medidas migratorias de su predecesor, el expresidente republicano Donald Trump, pero al mismo tiempo las cifras de deportaciones han escalado a cotas no vistas en veinte años.
“La Administración está trabajando para mejorar el proceso de expulsión acelerada en la frontera, para determinar de manera justa y eficiente qué personas tienen solicitudes legítimas de asilo y otras formas de protección”, señala el memorando de la Casa Blanca.
Los republicanos han acusado a la actual administración de provocar la entrada indiscriminada de inmigrantes irregulares por la frontera sur, pero Biden y su equipo han negado que exista “una crisis migratoria”.
El mandatario demócrata detuvo la construcción del polémico muro fronterizo, el caballo de batalla de Trump. También, emprendió medidas que fueron vistas con aliento para quienes intentan revertir la situación de la incesante llegada de inmigrantes y designó a la vicepresidenta Kamala Harris al frente de la cuestión migratoria, quien visitó México y Guatemala en su primer viaje al exterior.
Los empeños de Washington tienen por objetivo que los potenciales migrantes del llamado Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador) encuentren incentivos económicos en sus propios países, para así no tener que desplazarse a Estados Unidos.
Además, el anuncio habla de ampliar la representación y orientaciones legales para quienes entren al país y necesiten estos servicios. Para ello, dentro del presupuesto fiscal de 2022 se han solicitado 15 millones de dólares para ayudar a las familias “y personas vulnerables”, así como otros 23 millones destinados a programas dentro del Departamento de Justicia.
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