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Rosario Murillo ataca con falsedades por el cuarto aniversario de las protestas en Nicaragua


La vicepresidenta nicaragüense tildó de “teatro puro” las manifestaciones que “vienen de raíces del somocismo” con la complicidad de obispos “terroristas”. Sin embargo, la CIDH, la ONU, oenegés internacionales y las nacionales, censuradas, responsabilizan la represión gubernamental.

Mientras que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se pronuncia cada vez menos, la vicepresidenta y su esposa Rosario Murillo habla a diario en medios que dirigen sus hijos y allegados. Además de reseñar la situación nacional, sus intervenciones en abril han incluido ataques a las protestas que iniciaron hace cuatro años contra la reforma a la seguridad social y después contra el propio Gobierno.

En sus monólogos, la vicepresidenta tildó las manifestaciones de “teatro puro”, las comparó con la ofensiva de la dictadura somocista y ha tratado a los obispos críticos de “terroristas cómplices”, acusaciones que contradicen los informes de organismos internacionales y de derechos humanos sobre los muertos, detenidos o la censura.

Más de 300 muertos

“Cuántas personas incluso y sobre todo fuera del país se confundieron cuando veían teatro, teatro puro… Por eso sabemos que hay coreografías, escenografías construidas para pretender movilizar conciencias hacia un lado o hacia otro”, lamentó Murillo el miércoles 6 en referencia a las manifestaciones y al cubrimiento mediático.

Sin embargo, miles de nicaragüenses habían salido a protestar el 18 de abril de 2018 contra las reformas al Instituto de Seguridad Social y los recortes a las pensiones, y el Gobierno respondió con partidarios, policías y grupos parapoliciales. Entre denuncias ciudadanas, de periodistas y oenegés, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio cuenta de ello el 21 de junio con su informe Graves violaciones en el marco de las protestas sociales en Nicaragua.

“Cuántas personas incluso y sobre todo fuera del país se confundieron cuando veían teatro, teatro puro… Por eso sabemos que hay coreografías, escenografías construidas para pretender movilizar conciencias hacia un lado o hacia otro”, lamentó Murillo el miércoles 6 en referencia a las manifestaciones y al cubrimiento mediático.

El documento señaló con “centenares de testimonios” desde muertes por armas de fuego, el uso desproporcionado de la fuerza estatal y de armas letales contra menores, hasta la falta de atención médica, detenciones arbitrarias y ataques a periodistas, medios y defensores de derechos humanos. También recogió las denuncias del Estado sobre asesinatos, ataques y robos contra agentes y propiedad pública, y apuntó al mal funcionamiento de la Comisión de la Verdad que la Asamblea Nacional orteguista había creado para esclarecer los hechos.

Tres días después, la CIDH instaló el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) por invitación del Estado, y en julio se ponía en marcha el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para monitorear las recomendaciones finales del informe. El Gobierno suspendió en diciembre la presencia de la CIDH, pero el trabajo a distancia del Meseni con oenegés locales y víctimas en el exilio permitió completar un registro de 355 muertos entre abril de 2018 y julio de 2019. Las víctimas, sobre todo por armas de fuego, aparecen nombre por nombre y se concentran en los cuatro primeros meses, desde las primeras protestas hasta el inicio de la llamada “operación Limpieza” del Gobierno.

En esa línea han ido organizaciones transfronterizas como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Por el cuarto aniversario de las protestas, ambas se pronunciaron a través de sus respectivas directoras para las Américas, Tamara Taraciuk y Érika Guevara, con énfasis en cómo el régimen que preside Daniel Ortega ha reprimido desde entonces a la población.

El Meseni ha identificado seis etapas de esa represión: tres más violentas en 2018, otra de deterioro institucional entre ese año y el siguiente, una cuarta contra las libertades públicas en 2020 y la más reciente en 2021 contra la oposición. Este órgano, además, ha mantenido sus boletines mensuales. En el de marzo de 2022, a la cifra de muertos se sumaban 171 detenidos, 150 estudiantes expulsados, más de 400 profesionales de la salud despedidos y más de 110.000 personas exiliadas. Asimismo, recuerda las condenas del día 22 contra los opositores Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro, Walter Gómez, Marcos Fletes y Pedro Vásquez, en prisión desde la carrera electoral de 2021.

Comparar con el somocismo y estigmatizar obispos

En sus referencias recientes a las protestas, Rosario Murillo no solo ha desestimado los hechos, sino que ha intentado cruzarlos con la historia. El día 7, por ejemplo, se cumplieron 43 años de la segunda insurrección del Frente Sandinista para la Liberación Nacional en la ciudad de Estelí contra la dictadura somocista, y la vicepresidenta vinculó los ataques de la Guardia Nacional de entonces con el espíritu de las manifestaciones de 2018.

Nicaragua: Conmemoran a las víctimas de la violencia a 4 años del estallido social
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“El mismo gen, el mismo mal, el mismo corazón lleno de odio, el que quemó, arrasó, bombardeó, torturó y secuestró [...] Impusieron destrucción, error, crímenes, el mismo odio, la misma cultura de muerte, porque muchos de los que sembraron terror y odio en abril vienen de esas raíces terribles y temibles del somocismo”, aseguró Murillo para equiparar protestas ciudadanas y fuerzas de seguridad.

Sin embargo, el GIEI, a través de un acuerdo entre la Secretaría General de la OEA, la CIDH y el Gobierno nicaragüense, consiguió publicar tras su expulsión en diciembre de 2018 otro informe sobre los hechos de abril y mayo a partir de su trabajo en el terreno. El organismo advierte de entrada que el Gobierno no le colaboró, y determinó que “la mayoría de los [109] asesinatos y lesiones graves” habían sido “responsabilidad de la Policía Nacional, cuyos efectivos actuaron directamente y de manera coordinada con grupos armados paraestatales”.

El documento, que habla de “crímenes de lesa humanidad” por parte del Estado nicaragüense, constata la estigmatización de la protesta, las detenciones arbitrarias o la falta de acceso a la justicia, y que la violencia ciudadana como respuesta a la represión no fue coordinada. Al final, de igual manera, cerraba con recomendaciones para una reparación integral.

También en 2018, la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) publicó un informe que abarcaba los hechos desde el 18 de abril hasta el 18 de agosto, en los que registraba más de 300 muertos y más de 2.000 heridos. “La violencia y la represión observadas en Nicaragua desde que comenzaron las protestas son el producto de la erosión sistemática de los derechos humanos a lo largo de los años y ponen en evidencia la fragilidad general de las instituciones y del Estado de derecho”, aseguraba el entonces alto comisionado, Zeid Raad al Huseín.

Por otro lado, Murillo ha respondido a las críticas de opositores y de la Iglesia nicaragüense. Sin mencionarlos, la vicepresidenta ha vuelto a incluir a los obispos en los que considera “terroristas cómplices” de los que protestaban. “Quienes se llamaban pastores [...] mandaban a echar a los escusados a los policías que estaban quemando vivos”, llegó a afirmar el día 5. Pero aparte de mensajes posteriores de resistencia y diálogo desde los púlpitos y en medios, la CIDH y GIEI mencionan a los sacerdotes como mediadores en situaciones de violencia.

“Paz”, censura y oenegés ilegalizadas a cuatro años de las protestas

En el fondo, Murillo ha presentado las protestas y las críticas de la oposición como vulneraciones a la “paz” de Nicaragua. “[Estamos] resguardando la paz, celebrando la alegría de vivir en paz, celebrando y dándole gracias al Padre por las victorias de la paz”, dijo el miércoles 13. El día 19, que también se considera aniversario del inicio de las protestas y de la crisis social y política posterior, su discurso se centró en ese mismo mensaje: “Gracias a Dios y a todo nuestro pueblo reina la paz”.

Ese mensaje de normalidad, no obstante, ha ido de la mano con la censura y violencia directa contra periodistas y medios de comunicación a través de la Ley Especial sobre Ciberdelitos y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Si bien todavía quedan medios independientes como Divergentes o Expediente Público, que de hecho reconstruyeron la “masacre de Masaya”, uno de los episodios más violentos de las protestas de 2018, otros como La Prensa o Confidencial han tenido que enfrentar allanamientos, detenciones y exilios.

También a través de la Asamblea Nacional, el régimen Ortega-Murillo le ha quitado la personería jurídica a 160 oenegés desde 2018, entre otras, mediante la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que les impide recibir dinero del exterior. Las veinticinco más recientes, anuladas el miércoles 20 de abril, incluyen a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, la última de este tipo que quedaba en Nicaragua y que existía desde 1977.

Ya con Michele Bachellet a cargo, la Oacnudh siguió monitoreando la situación en Nicaragua. En un boletín especial de 2021, sobre las recomendaciones generales de 2019, lamentó haber visto pocos avances, mientras que el informe anual, ya sin comunicación con el Gobierno, insiste en la necesidad de diálogo con la oposición y de voluntad institucional de cara a reformas profundas para una “crisis multidimensional”.

Entretanto, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el pasado 31 de marzo un mecanismo de expertos para investigar presuntas violaciones de derechos humanos en el país desde abril de 2018.

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