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Salida de ministra destapa nueva crisis en Colombia a un año de las elecciones


Imagen del folleto difundido por la oficina de prensa de la Presidencia colombiana que muestra al presidente colombiano Iván Duque (izq.) Prestando juramento a la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, en Bogotá, el 5 de mayo de 2020.
Imagen del folleto difundido por la oficina de prensa de la Presidencia colombiana que muestra al presidente colombiano Iván Duque (izq.) Prestando juramento a la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, en Bogotá, el 5 de mayo de 2020.

El Gobierno no solo resta una ministra cercana al presidente Duque, sino que la pierde en el marco de un escándalo de corrupción, que "golpea la imagen del Gobierno".

La renuncia la semana pasada de la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Karen Abudinen, es "un golpe para el Gobierno del presidente Iván Duque".

Así lo calificó Yann Basset, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad del Rosario, quien explicó que “el Gobierno no solo pierde una ministra que es muy cercana al presidente, sino que la pierde en el marco de un escándalo de corrupción, que golpea aún más la imagen del Gobierno”.

“El Gobierno se demoró mucho en reaccionar y trató de salvar a la ministra como fuera, lo que le generó un desgaste importante”. Reafirmó que si la ministra hubiera renunciado un mes antes, cuando empezó el escándalo, el caso no hubiera pasado a mayores.

Advirtió que es un duro golpe para el Gobierno, que ya venía siendo bastante impopular, según recientes encuestas de popularidad en Colombia, y a un año de finalizar el mandato, es un escándalo que viene a confirmar que es un Gobierno que tiene un poco el sol a sus espaldas.

"Para Colombia es un problema en general, porque hay una preocupación muy grande por la corrupción que confirman todas las encuestas de opinión, y este nuevo escándalo de corrupción es algo que viene a cimentar esta opinión. Además, hay un deterioro de los índices de confianza en casi todas las instituciones, algo que profundiza esos problemas, que seguramente van a estar latentes en la campaña electoral", añadió el especialista.

La ruta del escándalo

La funcionaria resultó salpicada por un escándalo de corrupción en un contrato de 1,07 billones de pesos, [un poco más de 280 millones de dólares] para dotar de internet a 7.277 escuelas rurales de Colombia.

Pese a la advertencia del director del Instituto Anticorrupción, Camilo Enciso, a la ministra de no contratar con la unión temporal Centros Poblados Colombia 2020, porque podrían sobrevenir problemas de corrupción, no solo se le adjudicó la licitación, sino que también le entregaron 70.000 millones de pesos, unos 18 millones de dólares, a la unión temporal como adelanto para ejecutar las obras en 15 departamentos de Colombia.

Las irregularidades empezaron cuando se detectó que las tres pólizas de garantías, por un valor cercano a los 150.000 millones de pesos [US $39 millones de dólares], eran falsas, lo que le permitió al consorcio cumplir con todos los requisitos, ganar la licitación, y hacerse un adelanto por 70.000 millones de pesos, [US $18 millones], que fueron sacados del país por el contratista.

La ministra explicó a los medios, en varias ocasiones, que el Ministerio confió en la buena fe del contratista, pero que una vez se identificaron los engaños, se hicieron denuncias y advertencias a los entes de control.

“Esto permitió que se realizara una audiencia pública de incumplimiento que terminó con la caducidad del contrato e imposición de una multa por 39.015 millones de pesos, cerca de 11 millones de dólares, a Centros Poblados”, subrayó.

Esta medida dejó inhabilitados a los socios de la Unión Temporal Centros Poblados, para contratar con el Estado por cinco años, recalcó la ministra.

Actualmente, la Contraloría General de La República tiene en curso un proceso de responsabilidad fiscal y la Procuraduría adelanta una investigación disciplinaria contra la ministra, mientras que la Fiscalía General de la Nación avanza en la investigación y solicitó apoyo al FBI para determinar cómo se sacó el dinero del país y cómo ejecutó el adelanto en Estados Unidos.

Toda esta problemática llevó a la ministra a control político en el Congreso de la República, donde muchos parlamentarios la responsabilizan.

“La ministra sí tuvo responsabilidad en este caso, en la medida en que sus funcionarios fueron los que más participaron en la licitación", aseguró el representante a la Cámara por la Alianza Verde, León Fredy Muñoz.

Respaldo presidencial

A pesar del desgaste del Gobierno por el escándalo de corrupción con el contrato de Centros Poblados, el presidente Iván Duque Márquez defendió a la ministra Abudinen.

Recalcó que “la ministra es una mujer trabajadora, que siempre ha tenido como bandera la pulcritud y ha demostrado su gran capacidad ejecutiva para manejar sus asuntos”.

No obstante, el presidente Duque designó como ministro temporal de las TIC al viceministro para la Transformación Digital, Iván Durán, mientras se nombra como titular a una mujer, con lo cual honrará su compromiso de mantener la paridad de género durante su Gobierno.

En un video publicado por la ministra en sus redes sociales, explicó que ella trabajó con honradez, que seguirá poniéndole la cara al país y le agradeció al presidente.

“Haber trabajado con disciplina y entrega en su Gobierno me llena de orgullo. Hoy me retiro adolorida por las circunstancias que el país conoce, pero con la tranquilidad del deber cumplido”, señaló la ministra en su mensaje al presidente Duque.

Sin censura y control

Quienes promovieron el debate de moción de censura contra la ministra celebraron la dimisión de su cargo, pero advirtieron que la votación no se podía parar.

La votación de moción de censura, la cual tuvo como resultado 56 votos por el sí y 30 por el no. Pero de acuerdo con la norma, para que la moción prospere debe contar con 86 votos positivos, es decir, que la ministra Karen Abudinen, se fue de su cargo sin recibir una sanción política por parte del Congreso de la República.

Ahora el Gobierno no solo debe definir si el segundo proponente calificado en la licitación podría asumir el contrato, o se abre un nuevo proceso y la urgencia de recuperar los US $18 millones que se dieron de adelanto a Centros Poblados para ejecutar las obras.

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