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Uruguay: La ONU denuncia cifra récord de muertes en cárceles en 2021


Imagen de la Plaza Internacional,en la frontera de la ciudad brasileña Santana do Livramento y la ciudad uruguaya de Rivera, Uruguay, el 19 de marzo de 202

El Comité de la ONU contra la Tortura se muestra además preocupado por las condiciones de detención en las prisiones y por la falta de una definición de tortura en la legislación uruguaya.

La cifra de 86 muertes dentro de las cárceles, la mayor cifra ocurrida en un año en Uruguay, es un tema de preocupación para el Comité de la ONU contra la Tortura, que instó este viernes al país a tipificar el delito de tortura dentro de su legislación.

El número supera, por más de 30 muertes, al mayor registro ocurrido en 2010 -cuando acaecieron 53 defunciones– y se da a conocer luego que un comité que supervisa la aplicación de la Convención de la ONU, entregó las conclusiones del cuarto informe periódico sobre Uruguay.

Si bien el documento hace un balance positivo sobre cómo el país ha aplicado “los instrumentos fundamentales de derechos humanos”, también señala que debe adoptar “medidas eficaces” que garanticen que todos los detenidos “gocen, en la ley y en la práctica, de todas las salvaguardias fundamentales” contempladas por las normas internacionales.

El informe observa un número muy alto de muertes “por falta de asistencia y tratamiento médico” durante la privación de libertad.

Además, pide adoptar “medidas legislativas y de otra índole” que garanticen que cualquier empleo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley acate “los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad”.

El Comité insta al Estado a velar por la apertura de “investigaciones prontas, imparciales y efectivas de todas las denuncias relativas al uso excesivo de la fuerza por agentes de las fuerzas del orden y seguridad pública”, y a garantizar que se enjuicie a los presuntos autores.

Reparación

El organismo también recordó al Gobierno de Uruguay que, en virtud del artículo 14 de la Convención, está obligado a garantizar a las víctimas de tortura “una reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada”.

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