En medio del caos continuo a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, la administración Biden ha optado por mantener una política controvertida que permite la rápida expulsión de migrantes de Estados Unidos. La política, implementada por primera vez por la administración Trump, se deriva de un mandato de salud pública impuesto durante la pandemia de COVID-19.
Se acelera la expulsión de los migrantes si los funcionarios de inmigración de Estados Unidos concluyen que no tienen una solicitud de asilo válida, una determinación que se toma sin que los migrantes comparezcan ante un juez de inmigración. Los niños no acompañados que cruzan la frontera hacia Estados Unidos están exentos de la política.
La reanudación de las deportaciones aceleradas se produce cuando las autoridades estadounidenses informan un máximo de 20 años en las detenciones fronterizas en los últimos meses. Los funcionarios de la Casa Blanca argumentan que estos totales asombrosos están inflados porque muchos migrantes intentan repetidamente ingresar al país, lo que representa múltiples encuentros con agentes de la Patrulla Fronteriza.
¿Qué es la remoción acelerada?
Es un proceso que permite a los oficiales de inmigración deportar a ciertos no ciudadanos de manera rápida y eficiente sin una audiencia ante un juez de inmigración de Estados Unidos.
¿Quién puede ser colocado bajo remoción acelerada?
La expulsión acelerada puede aplicarse a los migrantes que están siendo procesados en un puerto de entrada al que han ingresado ilegalmente a Estados Unidos, no pueden probar que han estado en el país durante al menos dos años y no califican para recibir ayuda humanitaria. La guía también puede aplicarse a inmigrantes que han cometido fraude.
El procedimiento ha sido ampliamente utilizado por las administraciones de Trump y Biden durante la pandemia de coronavirus. La administración de Biden ha conservado el Título 42, una orden de la era Trump que da luz verde a expulsiones rápidas de personas indocumentadas como una necesidad de salud pública. Los grupos de defensa de inmigrantes están demandando detener la política.
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¿Se trata de un proceso nuevo?
No. El Congreso aprobó una ley sobre deportaciones aceleradas en 1996 y, para 2004, el gobierno federal había aumentado significativamente su uso. Durante los últimos 17 años, los oficiales de inmigración han utilizado la deportación acelerada para deportar inmigrantes tanto en las fronteras entre Estados Unidos y Canadá como entre Estados Unidos y México. También se puede aplicar a aquellos detenidos en suelo estadounidense dentro de los 160 kilómetros de la frontera y que cruzaron no más de dos semanas antes de la aprehensión.
"La remoción acelerada proporciona un procedimiento legal y más acelerado para remover aquellas unidades familiares que no tienen una base bajo la ley estadounidense para estar en Estados Unidos", escribió el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en una declaración reciente. "Intentar cruzar a Estados Unidos entre los puertos de entrada, o eludir la inspección en los puertos de entrada, es la forma incorrecta de llegar a los Estados Unidos".
¿Pueden regresar legalmente?
De acuerdo con la ley de inmigración de Estados Unidos la orden de expulsión acelerada bloquea el reingreso de una persona a EE. UU. durante cinco años, y si un inmigrante intenta ingresar al país ilegalmente después de recibir una orden de expulsión acelerada, la persona puede ser expulsada por al menos 10 años o, en algunos casos, de forma permanente.
¿En qué se diferencia la expulsión acelerada y la deportación?
El procedimiento de deportación acelerada es una forma de deportación, pero se promulga bajo un estatuto diferente al de la deportación. La expulsión rápida de un migrante le permite al agente de inmigración decidir y realizar una expulsión en horas si el agente así lo decide.
En un proceso de deportación, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos acusa formalmente al migrante para que sea deportado. Cuando una persona es objeto de un proceso de deportación, él o ella tiene derecho a representación legal y a presentar un caso ante un juez de inmigración, quien decidirá si da una orden de salida.
¿Existe reacción a la retención de la política que mantiene Biden?
Sí. Mientras que las autoridades estadounidenses defienden la política como una necesidad práctica, los defensores de los derechos de inmigración acusan a la administración de abandonar sus obligaciones en materia de derechos humanos.
"La remoción acelerada no debe usarse bajo ninguna circunstancia. El riesgo de equivocarse es simplemente demasiado alto. Si la administración insiste en el uso de esta arcaica caja negra de proceso, debe haber protecciones adecuadas, que no se han tenido en cuenta por el reciente anuncio", dijo Gracie Willis, abogada del Southern Poverty Law Center, en una llamada de prensa.
En una conferencia de prensa reciente, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo: "El [Título 42] tiene sus raíces en la prevención de la introducción de enfermedades contagiosas en el interior de los Estados Unidos".
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