Durante esta semana también fueron declarados culpables de “conspiración”, la exguerrillera y hoy disidente sandinista, Dora María Téllez; así como cuatro opositores más.
La Fiscalía de Nicaragua pidió el jueves 15 años de prisión para la exguerrillera sandinista Dora María Téllez y el líder estudiantil Lesther Alemán.
Este jueves fueron canceladas siete universidades más en Nicaragua, cuatro de ellas estadounidenses. Ya suman en total trece centros de estudios anulados en tres meses
El anuncio se produce meses después de que Managua anunciara que había comenzado los trámites para desvincularse de la agencia panamericana.
En Nicaragua permanecen tras las rejas unos 170 presos por razones políticas, según cálculos de la oposición. El pasado 1 de febrero, el Ministerio Público activó los procesos judiciales contra los detenidos desde mayo de 2021.
El Gobierno de Nicaragua ha cancelado en menos de tres meses al menos seis universidades, gran parte de ellas que fueron un bastión de insurrección en 2018, cuando inició una de las peores crisis sociopolíticas de los últimos años.
Dicha medida, según el Gobierno nicaragüense, obedece a que las entidades incumplieron con la Ley contra el Lavado de Activos vigente en el país.
Los juicios a los opositores arrestados el año pasado se reanudaron el martes en Nicaragua con una declaración de culpabilidad contra el activista político Yader Parajón.
Mientras los opositores al gobierno de Daniel Ortega son expulsados de Nicaragua, a prófugos de la justicia se les otorga nacionalidad.
Nicaragua ignora las solicitudes de la OEA sobre sostener un diálogo diplomático para solucionar la crisis política e institucional. Contrario a eso, busca reunirse con algunos sectores afines a su partido para recuperar la economía. Donaldo Hernández nos tiene el informe.
La Fiscalía tildó de “delincuentes y terroristas” a los opositores al anunciar que finalmente comenzarán los procesos judiciales en su contra.
Líderes de la Iglesia Católica nicaragüense no han considerado aún participar en un posible diálogo nacional que han solicitado los familiares de los presos políticos y la empresa privada.
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El dilema de familias atrapadas por una disputa territorial en un archipiélago del Caribe centroamericano.