Argentina aprueba una ley para luchar contra el lavado de dinero, tras la amenaza del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), de incluir al país entre los que no colaboran en el combate de ese delito.
El Senado sancionó la iniciativa con 61 votos a favor y dos en contra, logrando tipificar al lavado de activos como delito autónomo, y no como delito de encubrimiento, tal y como estaba considerado hasta ahora, con la que sólo se investigaba el delito previo que motivó el blanqueo de capitales.
A instancias del gobierno, se propuso la votación en el Senado con anterioridad a la cumbre del GAFI, organismo que impulsa políticas para luchar con el lavado de dinero y la financiación al terrorismo, el 20 de junio en México.
En 2010, GAFI presionó a Argentina para implementar un sistema contra el blanqueo de activos y le reclamó medidas urgentes para evitar sanciones. Desde 2006, la Unidad de Información Financiera (UIF) presentó ante la Justicia 371 informes de operaciones sospechosas y la Justicia sólo dictó tres condenas por lavado.
"Antes nos decían (desde el gobierno) que todo estaba todo maravilloso. Ahora nos dicen que si antes del 20 de junio no hay ley, Argentina puede ser sancionada", se quejó la senadora opositora Sonia Escudero, titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, durante el debate en la Cámara alta.
Escudero advirtió que "no debe ser una ley bajo presión de una amenaza, sino que necesita ser un compromiso de la clase política argentina en la lucha contra la criminalidad organizada".
La aprobación de la ley con prontitud pretendía evitar una sanción del GAFI que "podría tener consecuencias serias para todo el sector productivo y financiero argentino".
El proyecto aprobado incorpora el lavado en el Código Penal bajo el capítulo "delitos contra el orden económico y financiero", que contempla penas de 3 a 10 años de prisión y fija multas de "dos a diez veces del monto de la operación".
