La firma de un memorando de entendimiento que concreta la conformación de una oficina de cooperación técnica de la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela, tal y como se había acordado en marzo del año pasado, es considerado como positivo por expertos en materia de DDHH.
El documento, cuyo contenido no se ha hecho público, fue firmado el viernes por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y el fiscal de CPI, Karim Khan, quien sin dar detalles dijo que la oficina ya tiene sede, lo que le permitirá “venir más a menudo a Venezuela y trabajar de manera más cercana” para ayudar al país a “cumplir sus obligaciones en el marco del Estatuto de Roma”.
Aún se desconoce el número de funcionarios que estarán en el país, pero la CPI resaltó que la oficina permitirá “acercar” su trabajo a Venezuela, apoyar la prestación de asistencia y mejorar la cooperación para la rendición de cuentas.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que la oficina no recibirá denuncias y precisó que tendrá un “carácter técnico, de formación” y “cooperación” dentro de la complementariedad.
“Nosotros tenemos la clara intención de hacer justicia en nuestro país, sin que un ente trasnacional lo haga por nosotros y lo estamos demostrando”, dijo el domingo Saab en una entrevista concedida al canal privado, Venevisión.
Muro de contención
Ali Daniels, profesor de derecho internacional humanitario y codirector de Acceso a la Justicia, reiteró que la oficina en Caracas no recibirá denuncias ni recabará información de casos de crímenes de lesa humanidad y que sus funciones estarán orientadas a la capacitación y formación de funcionarios venezolanos, como parte de los mandatos establecidos en el Estatuto de Roma.
“Lo lógico es que se dé capacitación técnica a países que no están siendo investigados porque quieren evitar errores. Esta situación es particular porque un país que está siendo investigado va a recibir capacitación técnica, pero en el Estatuto tiene sentido porque son situaciones diferentes”, subrayó.
Además, aclaró que el fiscal de la CPI tiene un “papel constitucional” y que está en la obligación de dar asistencia técnica a cualquier país, tenga o no una investigación abierta. También, destacó que el hecho de que personal de la CPI esté en el terreno es “esencial” para la fiscalía.
“Nunca jamás va a ser igual que a un funcionario le cuenten lo que pasa en Venezuela a que él lo vea (…) aunque no recaude información para la investigación va a saber lo que es vivir en Venezuela y eso no tiene precio, es inestimable”, dijo Daniels.
Consultado por la Voz de América sobre si la oficina de la CPI en Caracas podría representar un muro de contención para la comisión de violaciones a los DDHH, Daniels respondió: “absolutamente sí”.
El abogado recordó que a partir del momento en el que la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM) comenzó a denunciar crímenes de lesa humanidad en el país, el número de ejecuciones extrajudiciales ha bajado, aunque siguen siendo “números escandalosos”, puntualizó.
“Sí he hecho mella, sigue la maquinaria de tortura, sigue la maquinaria de represión, pero está siendo mucho más selectiva porque saben que los están observando”, considera.
En marzo de 2022 cuando se anunció la apertura de la oficina, el fiscal Khan añadió que acordó con el Estado venezolano la emisión de “visados de múltiple entrada” que serán concedidos a diversos miembros de su equipo para poder acceder “de forma sencilla” a Venezuela.
Al respecto, Calixto Ávila, abogado especialista en Derechos Humanos del Programa Venezolano Educación Acción en DDHH (Provea), recordó la semana pasada que el mecanismo cuenta con un presupuesto de más de 1.550.000 euros aprobado por la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma de la CPI en diciembre de 2022.
La fiscalía de la CPI ordenó abrir en 2021 una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad. A finales del año pasado, la fiscalía de la CPI solicitó ante la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad, en virtud del artículo 18 (2) del Estatuto de Roma, lo que fue rechazado por el gobierno de Maduro que había solicitado un aplazamiento de la investigación.
El Estado venezolano cuestionó la decisión del fiscal argumentando que “ha aportado amplia y suficiente información que demuestra cómo, a través de las instituciones competentes, el país se encuentra investigando o ha investigado, presuntos hechos punibles contra los derechos humanos a fines de determinar la verdad y esclarecer, de ser el caso, las responsabilidades penales competentes”.
A principios de mayo de este año, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI rechazó otorgar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, que ha dudado de la imparcialidad de la fiscalía, autorización para responder al informe con observaciones de al menos 8.900 víctimas que respaldan la continuidad de la investigación de la fiscalía de la CPI contra el Estado venezolano.
Se espera que en los próximos meses la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI anuncie su decisión sobre la continuidad o no de la investigación.
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