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Nueva ley cibernética brinda a Cuba otra manera de silenciar a los críticos, dicen los analistas


En una imagen de 2019, jóvenes en La Habana se conectan a internet desde sus teléfonos móviles. El gobierno de la isla caribeña publicó el 17 de agosto de 2021 su primera legislación sobre ciberseguridad.

Aunque el gobierno cubano ha anunciado el decreto-ley 35 como un instrumento en favor de la seguridad nacional, los críticos lo ven como una manera de acallar las voces contrarias al discurso oficial.

Recientemente Cuba ha introducido nuevos controles sobre el contenido en línea contrario a los intereses nacionales, una medida descrita como "orwelliana" por los medios independientes y activistas.

El Decreto-Ley 35 se aprobó la semana pasada, luego de las mayores protestas contra el gobierno en décadas, en las que los cubanos pidieron mejores condiciones de vida en medio de las dificultades económicas y la pandemia. Los detalles de los disturbios se extendieron en parte debido a las redes sociales.

La nueva ley está dirigida a contenidos o mensajes que La Habana considere noticias falsas, ofensivas o que puedan incitar a actos “que alteren el orden público”. En virtud de ella, todo aquel que intente “subvertir el orden constitucional” será considerado un ciberterrorista.

También se ha creado un canal especial para que los ciudadanos informen sobre cualquier persona que infrinja la ley.

"Nuestro Decreto 35 va en contra de la desinformación y las mentiras cibernéticas", citó Reuters al presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

El presidente cubano culpó de las protestas del 11 de julio a una campaña en línea que, según dijo, fue liderada por contrarrevolucionarios respaldados por Estados Unidos.

Hasta ahora, las sanciones por violar las regulaciones no se han hecho públicas, pero se cree que el gobierno multaría a los infractores, dijo un periodista radicado en Cuba que solicitó el anonimato.

Medidas "orwellianas"

Medios independientes dentro de Cuba y analistas han dicho que el decreto es similar al totalitarismo descrito en la novela '1984' de George Orwell, en la que Gran Hermano controla todos los aspectos de la vida de los ciudadanos.

“Este decreto es una forma de silenciar cualquier voz crítica en Cuba, que pudo haber existido luego de 62 años de gobierno comunista”, dijo a la Voz de América Normando Hernández, del Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa. La organización con sede en Miami apoya a los medios de oposición en la isla.

“Es una forma de acabar con toda libertad de expresión. Significa que incluso si convocas una reunión, esto puede interpretarse como ciberterrorismo. Cualquier contenido que el gobierno interprete en contra del gobierno puede ser visto como un delito”, dijo.

Están tratando de crear el mismo mundo totalitario que describió George Orwell en 1984 o Rebelión en la granja"

Bertrand De La Grange, editor jefe del portal 14ymedio

No se han reportado arrestos bajo la ley. Pero Hernández dijo que muchos cubanos ya temen violar la legislación y están evitando publicar en plataformas de redes sociales.

Bertrand De La Grange, editor jefe en Madrid del sitio web cubano independiente 14ymedio, dijo que el nuevo decreto es "orwelliano".

"Están tratando de crear el mismo mundo totalitario que describió George Orwell en 1984 o Rebelión en la granja", dijo a la VOA.

De La Grange consideró que el gobierno introdujo más restricciones a la libertad de expresión en respuesta a las mayores manifestaciones desde la década de 1990, que en parte fueron causadas por críticas por la alta tasa de coronavirus.

“El hecho de que el régimen esté haciendo esto demuestra que está a la defensiva. No resuelve ninguno de los principales problemas. La situación del COVID-19 es mucho peor de lo que dicen los medios oficiales”, agregó.

Hasta el sábado, Cuba tiene más de medio millón de casos confirmados y 4.500 muertes por COVID-19, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Su tasa de casos nuevos se estimó en 9.376 por día durante la semana pasada.

De La Grange dijo que 14ymedio y otros medios independientes habían logrado eludir los controles porque La Habana no opera un bloqueo total en internet como lo hace China.

“Este decreto es una forma de intentar castigar a quienes publican lo que el régimen llama fake news, pero es lo que sabemos que es la verdadera situación”, dijo De La Grange.

Según el nuevo decreto, la empresa estatal de telecomunicaciones puede suspender el acceso a internet a quienes infrinjan la nueva ley.

La periodista Camila Acosta dijo que a pesar de las regulaciones, La Habana no pudo evitar que millones de cubanos accedan a las redes sociales.

“Pueden acusar a periodistas independientes como yo -me han confiscado cinco teléfonos solo este año- pero no pueden controlar a millones de cubanos que acceden a las redes sociales todo el tiempo. Es imposible”, dijo Acosta, quien trabaja para el sitio web de noticias Cubanet, y para el diario español ABC.

Acosta fue arrestada luego de informar sobre las manifestaciones de julio y ha estado bajo arresto domiciliario durante seis meses mientras la policía investiga su caso.

“Esto hará que mi trabajo sea más difícil, pero han introducido una legislación anterior para atacar a los medios libres, así que esto no es nuevo. Lo nuevo es que es un intento de detener a la gente que organiza manifestaciones”, dijo Acosta a la VOA desde su casa en La Habana.

"Represión digital"

Desde la introducción de internet móvil en la isla hace poco más de dos años, plataformas como Facebook, WhatsApp e Instagram han permitido a los cubanos expresar sus quejas.

La Habana insiste en que permite la libertad de expresión siempre que esté "dentro de la revolución". Pero el Decreto 35 ha alarmado a los defensores de los derechos civiles de Cuba, quienes dicen que usa un lenguaje vago con respecto a la información que los usuarios de internet deben proporcionar al gobierno.

La ley establece que los usuarios deben otorgar a las instituciones de seguridad pública las "instalaciones y servicios técnicos que requieran" y entregar al Ministerio de Comunicaciones la "información que (el ministerio) determine".

Quiere fortalecer una cultura de miedo entre cualquiera que esté pensando en organizar protestas o quejarse"

Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

"Tenemos que ver el contexto de esto. Cuba ya ha introducido una legislación para restringir las actividades de periodistas y activistas", dijo la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, refiriéndose a una ley aprobada en 2019. "Este nuevo decreto no se está enviando un mensaje para ellos, es enviar un mensaje a la población cubana en general".

“Quiere fortalecer una cultura de miedo entre cualquiera que esté pensando en organizar protestas o quejarse del hecho de que tiene que hacer cola durante horas para obtener lo básico en Cuba”, dijo Guevara-Rosas a la VOA.

El gobierno comunista quería “formalizar la represión digital” en un país en el que ya controla todos los aspectos de la vida, dijo Guevara-Rosas.

Legisladores estadounidenses, incluido el senador Marco Rubio, así como diplomáticos extranjeros en La Habana, han criticado la nueva medida.

“Lo que la dictadura no se da cuenta es que el pueblo cubano ha perdido todo miedo a expresar sus opiniones, se ha dado cuenta de la naturaleza despótica del régimen y no tiene miedo de protestar contra más de 60 años de represión”, dijo Rubio a la VOA.

El Senado aprobó este mes una enmienda, copatrocinada por el senador republicano de Florida, para proporcionar a los cubanos acceso sin censura a internet.

“Ahora está en manos del presidente [de Estados Unidos, Joe Biden] actuar sobre lo que ha aprobado el Congreso”, dijo Rubio.

El embajador británico en Cuba, Antony Stokes, también expresó su preocupación por el decreto, tuiteando, “El hostigamiento, las detenciones contra manifestantes pacíficos, los juicios sin el debido proceso y la censura incorporada hoy en el Decreto Ley 35 silencian las voces legítimas y violan los convenios internacionales”.

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