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Opacidad, “tropas tuiteras” y alianzas con Rusia: así desinforma el gobierno de Maduro


VOA Verifica_ Gobierno de Venezuela_Falso

El oficialismo venezolano difunde propaganda y desinformación sistemática con la pandemia, Álex Saab o la guerra en Ucrania, pero no publica cifras oficiales. Informes de medios y de Transparencia Venezuela recogen sus métodos a través de Twitter y medios estatales.

Opacidad, “tropas tuiteras” oficialistas o alianzas mediáticas con Rusia. El gobierno de Venezuela, en especial el Ministerio para la Comunicación y la Información (Minci) y los medios estatales, llevan años desinformando sobre las negociaciones con la oposición, el caso de Álex Saab, las cifras oficiales, la gestión de la pandemia o la invasión rusa de Ucrania.

Así lo señalan tres informes recientes: “Twitterzuela 2021: propaganda y desinformación como política de Estado”, del observatorio ProBox, “Rusia y Venezuela: aliados para desinformar” y “Opacidad en Venezuela: una forma de gobernar”, coordinados por la organización Transparencia Venezuela, capítulo nacional de Transparencia Internacional.

Los “tuiteros de la patria”

ProBox, dirigido por la politóloga María Virginia Marín y con un equipo multidisciplinario anónimo por motivos de seguridad, se define como un “observatorio digital que monitorea y analiza la conversación sociopolítica de las tendencias en Twitter en Latinoamérica, principalmente en Venezuela, Cuba y Nicaragua”.

En su informe anual sobre el caso venezolano recoge la conversación en Twitter en eventos clave. Sobre 2021 incluye las elecciones regionales de noviembre, enfrentamientos armados, las negociaciones entre oficialismo y oposición, la extradición del contratista Álex Saab, la gestión contra el COVID-19, las protestas por mejoras salariales o la investigación de la Corte Penal Internacional a Venezuela por crímenes de lesa humanidad.

https://www.youtube.com/watch?v=KkIW_wxpWCc

ProBox registró 1.969 tendencias posicionadas en Twitter en Venezuela que sumaron casi 224.000.000 tuits. De esas tendencias, 1.196 fueron impulsadas desde el oficialismo, y el resto estuvieron repartidas entre la oposición, la sociedad civil, redes anónimas y otros actores.

Las tendencias principales, ambas del Minci, fueron #AristóbuloPorSiempre, por la muerte del exvicepresidente Aristóbulo Istúriz, y #ChambaJuvenilProduciendo, por la inclusión de los jóvenes en redes productivas, educativas y culturales.

Sin embargo, detrás de esas y otras ha habido una “bonificación monetaria, pagada con recursos del Estado, para impulsar tendencias oficialistas en Twitter de manera coordinada”, señala el informe.

La cuenta @BonosSocial ha informado sobre ese pago y su suspensión, y ProBox encontró que esos anuncios en marzo y abril estuvieron relacionados con la actividad sobre las tendencias oficialistas.

Incluso varios usuarios reportaron la suspensión de sus cuentas por replicar esos mensajes, y en diciembre la plataforma publicó la eliminación de redes vinculadas a Estados, incluyendo 277 cuentas venezolanas que “amplificaban cuentas, hashtags y temas en apoyo al Gobierno y sus narrativas oficiales”.

Respecto a la desinformación, Twitter prohíbe interacciones falsas, actividades coordinadas, aplicaciones de terceros, la reiteración constante de tuits o tuits recurrentes con etiquetas no relacionadas entre sí.

Y, de acuerdo con el informe, el Minci se caracteriza por difundir sus etiquetas con “cuentas reales coordinadas de manera inauténtica”: las “tropas” o “tuiteros de la patria”. Otras tendencias principales fueron sobre la gestión de la pandemia y la propaganda de la Fuerza Armada y la Guardia Nacional Bolivariana.

ProBox también destaca al oficialismo radical, centrado en la extradición de Álex Saab a Estados Unidos. En concreto, victimizándolo y criticando la negociación entre oficialismo y oposición en México y el propio caso judicial. También señalando a funcionarios de Cabo Verde, donde fue capturado, atacando periodistas que han expuesto el caso, como Roberto Déniz, y comparando a Saab con Julián Assange, fundador de Wikileaks.

A su vez, el Minci y las “redes anónimas” promovieron ocho tendencias vinculadas a Saab con más de 12.000 tuits en 2021. “Estas redes se caracterizan por difamar, atacar, hacer propaganda y desinformar sobre temas relevantes en el país, así como por eliminar sus mensajes una vez posicionada la etiqueta que desean promover”, señala el informe.

Saab fue tendencia en Colombia y en los países africanos de Ghana o Nigeria, donde bots e influencers pagados promovieron mensajes a su favor para alterar el proceso en Cabo Verde.

El Minci impulsó la propaganda sobre todo en la gestión de la pandemia, con más del 75 % de sus mensajes “realizados de forma coordinada e inauténtica”. Los otros actores destacados fueron el oficialismo radical y los entes gubernamentales.

“Esto evidencia cómo la superioridad numérica oficialista generada en la conversación venezolana de Twitter está protagonizada por el uso de mensajes falsos”, apunta el documento de ProBox. En contraste, la sociedad civil participó en especial a través de “tuitazos” de denuncia tanto de temas de salud, como de política, educación o la escasez de gasolina.

El oficialismo venezolano preparaba una ley para regular las redes sociales que aún no se ha puesto en marcha. Seguiría la estela de Nicaragua, que en 2020 aprobó la Ley Especial de Ciberdelitos, por la que, entre otras cosas, una persona puede ser condenada a prisión y multas por difundir “información falsa”.

También del Decreto-Ley 35 de 2021 en Cuba, que regula las telecomunicaciones y llegó un mes después de las protestas de julio. Venezuela cuenta con la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia de 2017, que incluye penas de cárcel por “incitar el odio” o la violencia en medios y redes.

Venezuela y la alianza mediática con Rusia

Los movimientos digitales y de comunicación del Gobierno de Nicolás Maduro, y antes del fallecido Hugo Chávez, también se han enmarcado en su política exterior. El informe Rusia y Venezuela: aliados para desinformar, coordinado por Transparencia Venezuela con ProBox y los medios Es Paja y Cazadores de Fake News, repasa el papel de los vínculos con Moscú.

Rusia sumó en su nueva estrategia internacional de 2013 a América Latina como interés prioritario y las comunicaciones como ámbito fundamental. Pero el apoyo con Venezuela venía de antes.

En 2008, el entonces presidente ruso Dmitri Medvedev había participado en la cumbre de la Alternativa Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA), liderada por Venezuela y Cuba, y propuso a su país como miembro asociado.

Al año siguiente empezó la alianza entre medios: Russia Today (RT), Sputnik y Telesur. RT recibió contactos políticos y en medios a cambio de capacitación e imágenes como agencia de noticias.

“RT y Sputnik se forman en su mayoría por gente que no son periodistas. Son personas que tienen cierta lealtad y fidelidad hacia el Gobierno y los ponen en esos puestos para que nada se les vaya de las manos, porque la prioridad es dar el punto de vista de Rusia”, comenta en el informe Édgar Espinoza, quien ha pasado por ambos medios.

Cuando Rusia se anexionó en 2014 la península de Crimea, hasta entonces de Ucrania, Telesur y RT ya estaban alineados y compartían narrativas. Ese año RT comenzó a transmitirse en la televisión abierta, por cable y vía satelital en Venezuela.

“RT es una revolución en los procesos de cambio de los viejos esquemas comunicacionales en el mundo, como Telesur”, afirmó entonces Maduro en una entrevista con el canal ruso.

Ya en abril de 2021, recuerda el informe, las autoridades de comunicación de Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves y Granada se reunieron en línea “para conversar sobre estrategias conjuntas de los integrantes del ALBA en esa materia”. Aprobaron buscar alianzas con países como Rusia, China, Irán o Turquía.

Venezuela y Rusia llegaron en octubre a un acuerdo de cooperación. Este año, con la guerra en Ucrania desde febrero, “las narrativas rusas son replicadas en los medios de comunicación estatales venezolanos, con el uso de términos como ‘misión especial’ en lugar de ‘invasión’”. También “estigmatizando al Gobierno ucraniano y ocultando las muertes de civiles ucranianos en la presentación de las noticias”.

El Digital Forensic Research Lab del Atlantic Council encontró en marzo que RT y Sputnik se alineaban con las embajadas rusas “para amplificar la propaganda del Kremlin”. “Tanto los medios estatales rusos como sus misiones diplomáticas recurrieron a Telegram para promover la justificación bélica de Putin”, reseña el informe de Transparencia, que también apunta al medio público Venezolana de Televisión y a La Iguana, Últimas Noticias y Venezuela News.

El documento recoge que el Minci ha dado instrucciones a periodistas de medios oficiales sobre cómo tratar la guerra en Ucrania: desmontar las “matrices antirrusas” y la visión de falta de imparcialidad de Venezuela, hablar de un avance silencioso de la OTAN y atender a los comunicados oficiales rusos.

Además, usar términos clave desmarcados de la Alianza Atlántica y no hablar de “invasión” sino de “operaciones especiales para proteger a la población del genocidio neonazi”, con énfasis en “neonazi”.

El 22 de febrero, dos días antes de la invasión, Maduro anunció su “apoyo total” al presidente ruso Vladimir Putin, y el 1 de marzo hablaron por teléfono para profundizar su alianza. ProBox registró 19 tendencias en Venezuela de la invasión rusa de Ucrania hasta junio, seis de ellas promovidas por el oficialismo en respaldo a Moscú, que había prohibido hablar de “guerra”, “agresión” o “invasión” a los medios rusos.

“¿Qué país somos?” Opacidad por acción y omisión

Además de campañas en medios y redes, el Gobierno de Venezuela ha desinformado a través de la falta de cifras oficiales. El informe Opacidad en Venezuela: una forma de gobernar, también coordinado por Transparencia Venezuela, muestra cómo ,sobre todo desde 2015, las instituciones públicas del país dejaron de actualizar sus estadísticas y de rendir sus cuentas.

La Constitución venezolana establece en sus artículos 58, 141 y 143 el derecho ciudadano a la información y el deber del Estado de proveerla sobre lo que hace el Gobierno. Sin embargo, el informe recoge que no se ha publicado el 64,22 % de 47 documentos oficiales de distintos ámbitos que debieron llegar a los ciudadanos entre 2010 y 2022.

Un caso son los boletines epidemiológicos. Se publicaron semanales hasta 2015; en 2017 el Ministerio de Salud publicó los restantes de aquel año y 2016, pero volvió a interrumpir el servicio. En la pandemia del COVID-19, el Gobierno informó hasta abril de 2021 las pruebas de detección aplicadas. Los boletines diarios de casos y fallecidos acumulados se han mantenido en la estatal Venezolana de Televisión o en las redes de la vicepresidenta Delcy Rodríguez y los ministros de Información, Jorge Rodríguez y Freddy Ñáñez.

El anuario de mortalidad aportaba las estadísticas por causas de muerte general, materna, infantil, neonatal, postneonatal, por edades y por género. Sin embargo, como recoge el informe, el más reciente es de 2016 y fue publicado en 2021.

Frente a ello, la Academia Nacional de Medicina recurre a la Organización Panamericana de Salud, que sí recibe datos del Ministerio. La prensa también recopila información de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de los Asunto Humanitarios o Unicef.

“¿Qué país somos?”, pregunta el documento. Venezuela ha celebrado 14 censos nacionales desde 1873, el último en 2011. El Instituto Nacional de Estadística (INE) no ha llevado a cabo el que debía realizarse en 2021, y el trámite de “autoempadronamiento” con visita presencial y cuestionario virtual que iba a reemplazarlo no se ha puesto en marcha.

Por tanto, ni el propio Gobierno cuenta con el dato aproximado de cuántas personas hay en el país, menos aún con las sucesivas olas de emigración. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que hay 7,1 millones de venezolanos migrantes y refugiados, un cuarto de la población total que el INE estimaba en 2011, casi 29 millones. El organismo proyectó en 2021 una población de más de 33 millones para 2022.

“La web del INE tiene una sección de ‘estadísticas vitales’, pero en la propia página se advierte que los datos de natalidad, mortalidad, matrimonios, divorcios y suicidios solo están disponibles hasta 2012”, repasa el informe. Los datos de pobreza y fuerza laboral están actualizados hasta 2018.

En esa línea, Transparencia Venezuela denunció en otro informe que solo cinco de 40 ministerios han publicado sus documentos de Memoria y Cuenta completos hasta 2015, y algunos anteriores han desaparecido. Ese año la oposición ganó la mayoría en la Asamblea Nacional, y con el regreso de la mayoría oficialista las rendiciones solo han llegado a los diputados.

En 2022, de 33 ministerios solo tres tienen disponibles los documentos: Protección Social del Trabajo, Planificación y Ecosocialismo, este último el más actualizado hasta 2017.

Los presupuestos nacionales tampoco se han conocido después de 2016, y la información macroeconómica se desconoce en detalle desde 2015. El Banco Central de Venezuela (BCV) no publicaba cifras constantes desde 2013: el índice de precios del consumidor, por ejemplo, pasó de salir cada mes a presentar retrasos y menos datos.

El informe de Transparencia Venezuela recuerda que el Gobierno reformó varias leyes para controlar la divulgación de información oficial antes de que la Asamblea con mayoría opositora se instalara en 2016.

El BCV no volvería a publicar información hasta 2019: inflación, PIB, balanza de pagos o deuda externa. Sin embargo, para julio de 2022 solo había actualizado los datos de inflación, con el país ya en cesación de pagos desde 2017 y en default. En agosto, el presidente del BCV, Calixto Ortega, se adelantó a la web oficial al publicar las cifras de crecimiento récord, y omitió la caída de la economía en la última década o la devaluación del bolívar.

Con el petróleo, motor económico del país, ha ocurrido lo mismo. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) dejó de publicar el anuario de datos de petróleo, gas, petroquímica y energía de Venezuela en 2014. El Ministerio dejó de reportar el promedio semanal del precio del crudo en 2020, y después eliminó los datos históricos, y la petrolera estatal PDVSA presentó sus últimos informes de gestión y finanzas en 2016.

Por tanto, recoge el informe, periodistas, analistas y empresarios acuden a los datos de producción de la OPEP.

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