Familiares de Ángel Zerpa, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designado por el Parlamento venezolano de mayoría opositora, detenido el mes pasado, exigieron al gobierno que el jurista sea trasladado a un centro asistencial para que reciba atención médica.
“El nos dice que no va a dejar la huelga de hambre porque si el deja la huelga de hambre está seguro de que no le van a hacer ningún examen de salud (…) está haciendo la huelga para exigir ser evaluado” dijo el jueves Mariela Zerpa, hermana del magistrado en conferencia de prensa.
Según su hermana, Zerpa se encuentra deteriorado, ha perdido alrededor de 15 kilogramos, ha presentado vómitos y “está amarillo, no sabemos si es que tiene problemas hepáticos o problemas renales derivados de la huelga de hambre”.
De los 33 magistrados designados el pasado 21 de julio por el Parlamento, Ángel Zerpa, es el único detenido.Su arresto ocurrió un día después del acto de nombramiento y fue acusado de “traición a la patria”.
Desde el 24 de julio se encuentra en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y se mantiene en huelga de hambre. Según sus familiares, no ha recibido atención médica, a pesar de que alertaron que padece de varios problemas médicos, entre ellos hipertensión y gastritis crónica.
El Parlamento de mayoría opositora considera que los actuales magistrados del TSJ fueron electos de forma “ilegal” en diciembre del 2015, por lo que procedieron a designar nuevos magistrados, que el gobierno desconoce.
Ivette Lugo, presidenta del Colegio de Abogados de Caracas y miembro del equipo defensor de Zerpa, responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro “de lo que pueda sucederle”.
“Es un abogado que no ha cometido ningún delito para que sea privado de libertad, porque está siendo injustamente llevado a un proceso en el que se le han violado todas sus garantías constitucionales” sentenció Lugo en rueda de prensa.
Actualmente en Venezuela, la Asamblea Nacional Constituyente es criticada por la comunidad internacional. La controvertida asamblea constituyente de Venezuela, cuyos 545 miembros asumieron el cargo a principios de agosto y se encarga de reescribir la constitución, decretó la semana pasada que tenía poderes legislativos que reemplazaban a los de la Asamblea Nacional.
La Asamblea Constituyente no es reconocida como legítima por los Estados Unidos y por lo menos otros 13 países del hemisferio, incluyendo Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
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