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CIDH responsabiliza a Venezuela por matanza en cárcel en 2003


La Guardia Nacional Bolivariana dispara balas de caucho contra una manifestación en Caracas, Venezuela, el 8 de mayo de 2014.
La Guardia Nacional Bolivariana dispara balas de caucho contra una manifestación en Caracas, Venezuela, el 8 de mayo de 2014.

Siete reclusos murieron y 27 resultaron heridos en una operación de la Guardia Nacional Bolivariana en la Cárcel de Vista Hermosa el 10 de noviembre de 2003.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró al Estado de Venezuela responsable por la muerte de siete reclusos durante una operación militar en una prisión en 2003 y ordenó reparaciones a los familiares.

En un comunicado divulgado este jueves en que anunció la sentencia, la Corte dijo que estableció que las muertes ocasionadas durante el operativo del 10 de noviembre de 2003, fueron “privaciones arbitrarias de la vida”, al ser “consecuencia del empleo de la fuerza excesiva y desproporcionada”.

El documento hace referencia a la acción emprendida en esa fecha en el Internado Judicial de Ciudad Bolívar, conocido como Cárcel de Vista Hermosa, por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, en la que perecieron siete reclusos y otros 27 resultaron heridos.

El Tribunal concluyó “que el uso de la fuerza empleada, al no haber sido estrictamente necesaria por el propio comportamiento de los internos, constituyó una violación del derecho a la integridad personal”.

El comunicado señala que aunque el estado de Venezuela reconoció su responsabilidad por la violación a los derechos humanos en este caso y señaló que las muertes “perfectamente encuadran en ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”, el Tribunal “entendió que debía profundizar en el esclarecimiento”.

La CIDH considera que el estado venezolano no ha “identificado a los responsables ni se ha proveído una reparación a las víctimas. De igual forma, la Corte determinó que el Estado omitió iniciar una investigación ante la posible comisión de actos de tortura”.

Consecuentemente, el Tribunal encontró que los familiares de las personas fallecidas resultaron afectados por el sufrimiento y angustia producidos por la pérdida de sus seres queridos y la falta de esclarecimiento de los hechos, y ordenó diversas medidas de reparación.

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