![Un ejemplar del diario venezolano El Nacional se ve en un puesto de periódicos en Caracas. [Foto de archivo].](https://gdb.voanews.com/5cb93fb0-fa54-4b08-b983-5367ed8ff630_w250_r1_s.jpg)
El embargo de la sede del conocido diario venezolano El Nacional el viernes por la noche generó el rechazo de buena parte de la sociedad civil y del gremio, que asegura se trata de “un nuevo zarpazo contra la libertad de expresión”.
El líder opositor Juan Guaidó, reconocido por decenas de países como presidente interino, expresó su apoyo al medio asegurando que: “La arremetida de la dictadura forma parte del esquema que han utilizado para aniquilar la prensa libre en Venezuela”.
“Utilizando a una justicia secuestrada, el régimen arrebata la sede de un medio que lleva más de 77 años informando con la verdad”, indicó en su cuenta de Twitter.
Hace un mes, el máximo tribunal del país había ordenado a El Nacional pagar el equivalente a 13,3 millones de dólares al diputado -y número dos del partido de Gobierno- Diosdado Cabello por “daños morales” luego de una demanda, iniciada en 2015, por replicar un reportaje del diario español ABC en el que se le vinculaba con el narcotráfico.
La prensa libre en Venezuela no está liquidada, pero se encuentra en su peor momento”
Edgar Cárdena, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas seccional Caracas
Para el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), la medida representa “un nuevo zarpazo contra la libertad de expresión” en el país. “Busca seguir liquidando la Libertad de prensa, imponiendo censura y creando miedo”, señaló la institución.
El secretario general del Colegio Nacional de Periodistas seccional Caracas, Edgar Cárdena, indicó que la medida es un mensaje “de las altas esferas del poder” de que “seguirán usando todas las medidas, inclusive a través de vías indirectas, para silenciar la opinión”.
“La prensa libre en Venezuela no está liquidada, pero se encuentra en su peor momento”, afirmó en declaraciones a la Voz de América.
Cárdena aseguró que la libertad de prensa, expresión y opinión “resulta indispensable” para la democracia de un país y es “parte vital” del proceso político.
“Si el ciudadano no puede informar e informarse de lo que acontece, y exigir cambios, entonces la democracia está liquidada y el ciudadano, evidentemente, quedará a merced de la imposición y la opresión”, apuntó.
Consultado por la Voz de América, Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, considera que la medida judicial contra el diario forma parte de un patrón de hostigamiento “por todas las formas posibles” contra la libertad de expresión, utilizando un proceso judicial que “no se ajusta a los estándares internacionales ni a la propia Constitución”.
“De alguna manera, lo que está mostrando es un patrón muy fuerte de disolución de las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, que a su vez tiene una relación muy fuerte con lo que es la democracia. Es muy difícil organizar unas elecciones si no hay garantías para la libertad de expresión, es contradictorio”, afirma.
Para Correa se trata de una sanción contra otros medios que ven el potencial riesgo que implica ejercer ese derecho en Venezuela.
“Expresarse en Venezuela tiene costo, pero no sólo expresarse, también las otras dimensiones del derecho que es buscar información, difundir esa información. En Venezuela hay un periodismo que tiene ganas de servir sirviendo a la sociedad, pero una política de Estado que se dedica a hostigar y castigar”, manifiesta.
El rechazo a la toma de la sede del medio no fue solo nacional. El embajador de EE. UU. para Venezuela, James Story, aseguró que la medida no era contra unas instalaciones, “sino contra la libertad de prensa”.
“Este acto violatorio cae toda la responsabilidad del régimen. No pueden haber elecciones libres y justas en Venezuela sin libertad de expresión”, apuntó en una publicación.
![Última edición del diario venezolano El Nacional de diciembre de 2018, en Caracas. Imagen del 15 de mayo de 2021. [Foto: VOA/Álvaro Algarra]](https://gdb.voanews.com/728f2355-4ed8-4230-8b8a-121af5c91a6c_w100_r1.jpg)
Directivos del medio calificaron la medida como “ilegal” y su abogado como “un abuso de poder”.
Cabello ya aseguró que con el embargo se iniciaba “el proceso de pago de la indemnización”. El sábado, aseguró que el periódico “fue quebrado por sus dueños hace años”.
“No hay ni trabajadores ni equipos, todo estaba en total abandono y deterioro, oficinas alquiladas a otras empresas. Vean dónde era la sala de redacción”, detalló en su cuenta de Twitter.
El diario pasó a ser solamente digital en diciembre de 2018, cuando se imprimió su última versión.
El canciller venezolano, Jorge Arreaza, se hizo eco del mensaje de Cabello y aseguró que: “La prensa mundial en otra fake news se escandaliza por una decisión judicial apegada a las normas más elementales del derecho”.
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