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La defensa de Saab exige pruebas


ARCHIVO - Peatones caminan cerca de un gran cartel del empresario colombiano Alex Saab en Caracas, Venezuela, en septiembre de 2021.
ARCHIVO - Peatones caminan cerca de un gran cartel del empresario colombiano Alex Saab en Caracas, Venezuela, en septiembre de 2021.

Alex Saab está acusado de haber lavado cientos de millones de dólares provenientes de negocios corruptos con el gobierno de Niolás Maduro y alega que no puede ser enjuiciado porque goza de inmunidad diplomática.

El empresario colombiano Alex Saab, acusado por Washington de ser testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro, presionó este viernes al gobierno de Estados Unidos para que le suministre documentos que mostrarían que se desempeñaba como diplomático y que por lo tanto no puede ser demandado.

Saab está acusado de haber lavado cientos de millones de dólares provenientes de negocios corruptos con el gobierno de Maduro y alega que no puede ser enjuiciado porque goza de inmunidad diplomática.

El pedido de Saab demora aún más el proceso judicial. Una audiencia de pruebas sobre su presunto estado diplomático que estaba prevista originalmente para el 29 de agosto ante el juez Robert Scola, fue postergada hasta octubre. La próxima audiencia para evaluar el estatus del caso será el 26 de agosto.

En la audiencia del viernes de cerca de 45 minutos, la defensa de Saab dijo que estaba preocupada porque el Departamento de Justicia no estaba presentando las pruebas y documentos solicitados, necesarios para las audiencias posteriores.

Explicó que se trata de un tema de inmunidad diplomática y que algunas de esas agencias tendrían documentos que ayudarían a la defensa a demostrarla. Entre los documentos que más les ayudarían estarían algunos del Departamento de Estado.

El fiscal Kurt Lunkenheimer, sin embargo, expresó que muchos de esos documentos no eran del Departamento de Justicia y que por lo tanto la demora no es su responsabilidad. Dijo que había solicitado documentos al Departamento de Estado pero que hasta el momento no los había recibido. Aclaró además que algunos de esos documentos podrían ser clasificados y de acceso restringido.

“No tenemos control sobre ellos. Hemos hecho los pedidos y estamos esperando los documentos requeridos por la defensa”, dijo el fiscal.

Saab, quien se declaró inocente en noviembre, no hizo declaraciones en la audiencia. Lucía serio, con su cabello negro recogido atrás en una pequeña cola de caballo. Estaba vestido con uniforme de preso de color beige, esposado y con grilletes en sus tobillos. Llevaba auriculares para escuchar la traducción de la audiencia al español, y cubrebocas.

El juez Scola le dio plazo hasta el 15 de agosto a la fiscalía para que presente los documentos a la defensa de Saab.

El empresario busca mostrar que el gobierno sabía que él actuaba como diplomático estadounidense cuando pidió su extradición a Cabo Verde, donde fue detenido. Su pedido de documentos incluye a numerosas agencias y departamentos del gobierno, entre ellos el departamento de Justicia y de Estado, el FBI, la CIA, el Departamento de Seguridad Nacional y el Consejo de Seguridad Nacional.

El fiscal Lunkenheimer dijo que Saab alegó inmunidad diplomática algunos días después de haber sido detenido en Cabo Verde, en un intento por demostrar que fue una estrategia específicamente creada para evadir la justicia estadounidense.

Saab fue colaborador de la DEA en 2018 y una “fuente activa” de información sobre los sobornos que pagó a funcionarios de Venezuela, de acuerdo con documentos que aparecen en el expediente en línea.

Las autoridades estadounidenses lo han presentado como un estrecho colaborador de Maduro que se benefició con contratos multimillonarios tras pagar sobornos. Venezuela sostiene que Saab era uno de sus diplomáticos en misión humanitaria camino a Irán cuando su avión fue detenido en Cabo Verde al parar para recargar combustible.

La fiscalía lo acusa de amasar una fortuna de más de 350 millones de dólares por medio de negocios por los que habría pagado sobornos a funcionarios venezolanos y falsificado documentos para obtener contratos de construcción de viviendas económicas.

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